La Plataforma de Afectados por el ERE se reúne con miembros del Consistorio onubense, que despidió a 11 trabajadores en 2014 y los ha readmitido ahora, para recabar información acerca de su caso.
El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ejecutó en 2014 un ERE para 11 trabajadores municipales –en un principio iban a ser unos 90– y recortó el sueldo a otros 76, con el PSOE en el gobierno de la ciudad. En mayo cambió la Alcaldía, que pasó a manos del PP, partido que ha readmitido a los despedidos y que les abonará los salarios de tramitación paulatinamente durante los próximos cuatro años. En ese espejo se miran los afectados por el ERE municipal de Jerez, que se han reunido esta semana con miembros del comité de empresa del Consistorio onubense y con su abogado, en una cita en la que también estuvieron representantes del gobierno local, IU, Ganemos y de sindicatos como la ATMJ y CCOO.
En Jerez el orden de los partidos es a la inversa. Aquí fue el PP quien realizó los despidos y el PSOE quien ha prometido la readmisión de los afectados con sentencias improcedentes. Concretamente se ejecutarán entre abril y junio, según asegura el gobierno local. “El tema económico es muy importante y se demuestra que da igual que el Ayuntamiento esté intervenido”, dice Yolanda Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por el ERE (PAE), que espera que el gobierno socialista cumpla el acuerdo aprobado en pleno el pasado mes de noviembre –apoyado por Ganemos, IU y Ciudadanos– y cumpla los plazos previstos. Es decir, que estén trabajando antes de final de junio.
El Ayuntamiento de la localidad onubense no esperó ni a que se celebraran los juicios individuales de los afectados y llegó a un acuerdo para readmitirlos. “En Jerez tenemos más a nuestro favor, porque contamos con sentencias improcedentes”, dice Ruiz. “No dependemos ni de que haya Presupuesto –el de 2016 verá la luz en las próximas semanas o meses–, ni del Plan de Ajuste para la readmisión, la Ley nos ampara”, apunta la representante de la PAE, que sostiene que todo depende de la “voluntad política” del gobierno local. Ahora, los ánimos de los afectados, tras tres años y medio de espera, están como en “una noria”. “De momento estamos muy ilusionados o pasa el tiempo y vemos que no hay movimiento y nos venimos abajo”, explica Ruiz.
Entre ellos mismos se dan ánimos. Muchos cobran 426 euros de ayuda, otros la agotaron hace meses. “Hay gente que está comiendo de Cáritas y pidiendo ayudas sociales”, dice la portavoz de la PAE. Esta misma semana la plataforma celebrará una asamblea para informar al resto de afectados de las últimas noticias. “Nos vamos a agarrar al acuerdo de pleno y si tenemos que presionar, que digan los afectados de qué manera”, añade Ruiz. “Entendemos que el tema va lento, pero nadie nos entiende a nosotros”, dice, aunque cree que la actitud del gobierno local “no ha cambiado”.