El PP ejecutó en el Ayuntamiento de Jerez un ERE, que se hizo efectivo en septiembre de 2012, y que terminó con el despido de 260 trabajadores municipales, que llegaron a verse reincorporados virtualmente en sus puestos de trabajo —los 116 que así lo manifestaron—, pero un informe jurídico interno desaconsejó este procedimiento al considerar que existía riesgo de “prevaricar, malversar y realizar nombramientos ilegales”. Más de cinco años después de su salida del Ayuntamiento, y un año y medio después del varapalo de la reincorporación interruptus, se encuentran con que el gobierno local aprueba la devolución del 30% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que fue retirada a todos los empleados públicos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), permitiéndose posteriormente que las Administraciones Públicas la puedan abonar siempre que cumplan con la estabilidad presupuestaria.
El Consistorio jerezano aseguraba, en una nota de prensa emitida a principios de marzo, que “una vez alcanzada la estabilidad presupuestaria y con las limitaciones de presupuestos contenidas para 2018, esta administración está en disposición de pagar a los empleados municipales el 30% de la citada paga”, tras anunciar un acuerdo con las secciones sindicales municipales de CCOO y UGT sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios de los empleados públicos. Pero a los afectados por el ERE, que les corresponde el 60% de esta paga —el equivalente al tiempo que trabajaron durante ese año— les quedó la duda de si ese acuerdo los incluía a ellos. “Desde que nos despidieron la hemos estado reclamando todos los años”, señalan afectados a lavozdelsur.es, que calculan que la cuantía que deben ingresar los 260 despedidos es inferior a 200.000 euros.
El Ayuntamiento asegura que ha calculado la devolución de este porcentaje “a todos los empleados que había en 2012”
“No tenemos subsidio y hace cinco años que estamos fuera”, reclaman los afectados, que ya han iniciado una ronda de contactos con el resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento, como la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ), CSIF y CGT, que les han mostrado su apoyo, así como los mencionados CCOO y UGT, y grupos políticos como Ganemos, IU y Ciudadanos, que también han hecho lo propio. La teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, en declaraciones a lavozdelsur.es, señala que el abono del 30% de la paga extra acordado por el Ayuntamiento jerezano “es un derecho de todos los trabajadores que en 2012 estaban en la plantilla municipal”, por lo que apunta que los afectados por el ERE “tienen el mismo derecho que cualquier persona que estaba en la plantilla”. Álvarez confirma que el Consistorio ha calculado la devolución de este porcentaje “a todos los empleados que había en 2012, cuando Rajoy regaló a los bancos la paga extra de los trabajadores públicos”.
El recorte impulsado por el Gobierno central, consistente en la retención de la paga extra de 2012, no se cumplió a rajatabla, como cabría esperar, entre todos los trabajadores públicos de la Junta, ya que la Cámara de Cuentas descubrió, en 2016, que cuatro fundaciones sin ánimo de lucro adscritas a la Consejería de Salud se saltaron el decretazo y no se vieron afectados por esta medida.
El Gobierno andaluz anunció a principios de año que iniciaría la devolución del resto de la paga extra de 2012 —según recogió el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)—, que calcula que debe abonar unos 400 euros de media a los más de 250.000 empleados que tiene la administración autonómica. La Junta consignó una cantidad cercana a los 120 millones de euros, incluida en el Presupuesto de 2018, con la que salda la deuda correspondiente a los últimos 45 días del año.
Un grupo de once afectados por el ERE municipal ejecutado por el PP en 2012 esperan con ansía la resolución del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal admitió a trámite, el año pasado, un recurso extraordinario de revisión que recoge que el gobierno del Partido Popular no comunicó por escrito a Deloitte, la consultora externa que gestionó el despido, la elección municipal de optar por un aumento de la indemnización en lugar de por la readmisión en el caso de que los despidos fueran declarados improcedentes, como así ocurrió en el caso de los menores de 59 años.
La resolución judicial aún no se ha dado a conocer, aunque está previsto que sea en los próximos meses cuando el Alto Tribunal se pronuncie sobre este asunto, deciciendo si los argumentos esgrimidos por la defensa de los afectados, ejecutada por el abogado Ramón Dávila, es válida.
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