Bernardo Villar, que según la instrucción también rubricó las contrataciones para Fitur 2004, declara como testigo ante el Supremo.
Tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han ratificado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral el informe que entregaron en su día en la Audiencia Nacional que concluye que la exalcaldesa María José García-Pelayo, del PP, participó en la adjudicación de contratos irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.
Del Moral, que investiga a la ahora diputada -y aforada, por tanto- por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, ha interrogado también este lunes a tres testigos sobre este asunto, uno de ellos el que fuera teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez en el momento de los hechos, el popular Bernardo Villar, quienes han negado la comisión de irregularidades en este expediente según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El informe de la UDEF, que fue remitido en su día al que fuera instructor de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de más de 300.000 euros.
Los investigadores han ratificado este lunes en el Supremo, según las mismas fuentes, que los empleados del entramado de Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.
Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización. Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban "dar una apariencia de legalidad" al procedimiento. El nombre de García-Pelayo, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.
La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Báez, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo y responsable del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, Bernardo Villar, también rubricó los contratos. Igualmente ha ratificado su informe ante el magistrado Del Moral un perito de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, quien según las defensas ha salvado uno de los pagos realizados que según esta parte en todo caso ya estaría prescrito.
Al término de las declaraciones de los testigos, que se han extendido durante unas tres horas, Villar ha eludido hacer declaraciones a las puertas del Supremo sobre el contenido del interrogatorio, y se ha limitado a señalar que lleva muchos años fuera de la política debido a que se encuentra enfermo. Según ha informado Europa Press, también han comparecido los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presdiencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González, quienes han eludido a los periodistas que les esperaban a las puertas del alto tribunal.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo, negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el Consistorio con empresas de la trama Gürtel por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como "todos saben" los alcaldes no firman los expedientes. En cambio, en marzo de 2014, recién reabierto el caso, Pelayo aseguró en un pleno extraordinario todo lo contrario: "Firmo los contratos en base a la documentación que se me pone por delante". La líder del PP de Jerez concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
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