La interminable lucha de las limpiadoras municipales

Las trabajadoras de Ingesan, que llevan varios años sufriendo impagos de sus nóminas y realizando huelgas, reclaman ahora que la concesionaria cubra las bajas que se producen. Con la llegada del verano, 35 empleadas hacen el trabajo que normalmente realizan 75. "Si en siete horas antes hacías tres centros, ahora tienes que hacer seis"

Las limpiadoras de las dependencias municipales llevan más de un lustro sin tener un año tranquilo. Con una de las anteriores concesionarias, Limasa, realizaron varias huelgas por el impago de sus nóminas. El año pasado, ya con Respuestas Auxiliares, llegaron a acumular cuatro meses sin cobrar. Pero la lucha continúa. Están curtidas en mil batallas y esperan salir victoriosas de la que libran en estos momentos. En agosto del año pasado el servicio fue adjudicado a Ingesan, una de las empresas del Grupo OHL que monopoliza la mayoría de servicios privatizados de la ciudad, a la que acusan de no cubrir las bajas que se producen en la plantilla. Ni por jubilaciones ni por incapacidades temporales. En octubre del año pasado se jubilaron tres trabajadoras y una se dio de baja sin que hayan sido repuestas estas vacantes. "Las únicas bajas que se cubren son las de maternidad, y porque las paga el Estado", asegura una de las trabajadoras.

Con la llegada del verano se encuentran con una nueva dificultad. La mitad de la plantilla está de vacaciones y 35 de ellas tienen que hacer el trabajo que normalmente hacen 75. Eso sin contar con que según el pliego de condiciones que aceptó la empresa, el servicio lo deberían estar prestando 85 empleadas, diez más de las que son ahora. Llevan menos de una semana cubriendo el trabajo de las compañeras que están de vacaciones y no dan abasto. "Si en siete horas antes hacías tres centros y ahora tienes que hacer seis, a los seis tienes que ir... Que puedas o no puedas limpiarlo todo bien es otra cosa, no nos vamos a multiplicar. No da tiempo", explica Inmaculada Rincón, presidenta del comité de empresa. El Ayuntamiento lo limpian normalmente seis trabajadoras y desde que empezó julio hay sólo dos. "Es imposible recoger todas las papeleras y limpiarlo todo: polvo, suelo, metales, baños, pasar la aspiradora... Imagínate, como siga así va a tener que venir Sanidad y cerrar el edificio", cuenta Mari Carmen Álvarez, otra de las trabajadoras.

Mariola Sevilla cuenta lo difícil que se les hace en muchas ocasiones desplazarse de un lugar a otro y hacer su trabajo a tiempo: "Supón que hay un centro cívico en San Telmo, vas una hora, y luego a Chapín para los servicios de los caballos, luego al Retiro para los servicios, luego a Infraestructuras… Se intenta que estén cerca, pero a veces es imposible". Cada una se desplaza como puede, unas en su propio coche, otras en autobús. "Cada uno se busca la vida como la Paquera... Si tienes que coger cinco buses al día, pues cinco euros". Fruto de estas prisas hay cada vez más caídas, como explican las trabajadoras. La más grave fue la de una compañera que se partió el tobillo hace más de medio año y tuvo que ser operada.

Así, cuentan, es imposible que las dependencias municipales estén todo lo limpias que deberían. Hay algunas especialmente sensibles, como el mercado de abastos o la estación de autobuses, que ya han advertido que se verán deterioradas conforme pasen los días. El pasado viernes se concentraron frente al Ayuntamiento para pedir una solución. "Hace tres días que empezamos las vacaciones y fíjate donde estamos". Cuentan que volverán a estar el lunes, así como los miércoles y viernes, de 13:00 a 14:00 horas. Reclaman una reunión con la alcaldesa. Con María José Rúa, la delegada de Infraestructuras, han tenido varias. Una en octubre, otra en diciembre y la última el pasado mes de mayo. "Nos dicen que lo van a estudiar pero siguen sin darnos respuesta", recriminan. Con esta forma de actuar, explican, "la empresa se ahorra dinero, y lo gana a costa de todos los jerezanos, que somos los que pagamos el servicio". ¿Cuánto se ahorra? Difícil de calcular, aunque hay diez trabajadoras menos de las que deberían y cada una cobra en torno a los 800 euros.