Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Santiago, La Coruña y Zaragoza presentan alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2020 para reclamar al Gobierno unos 2.000 millones más de dotación y más recursos para que los municipios puedan responder a la demanda existente.
Todo hace indicar, si nada lo remedia, que las políticas públicas de vivienda desaparecerán en menos de cinco años. En la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB (467 millones de euros en 2017), tras un tijeretazo en los últimos ocho años de 1.000 millones. En paralelo al tímido despertar que experimenta el negocio del ladrillo en España y al fracaso que ha supuesto el llamado 'banco malo' (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), al que llaman el mayor congelador inmobiliario del país, los llamados ayuntamientos del cambio han instado al Ministerio de Fomento, entre otras medidas que garanticen el derecho básico de acceso a la vivienda, que se le obligue a ésta y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar sus inmuebles vacíos al fondo municipal de pisos para alquiler social. Actualmente, el Plan Nacional de Vivienda solo habla de cesiones "voluntarias".
La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, junto a los concejales responsables de vivienda de los ayuntamientos de Madrid (José Manuel Calvo), Barcelona (Josep Maria Montaner), Valencia (María Oliver), Santiago de Compostela (Jorge Duarte), La Coruña (Xiao Varela), y Zaragoza (Pablo Híjar) se ha reunido este lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para presentarle personalmente sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que está en proceso de tramitación. Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar este plan de 2.000 millones de euros de inversión para 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda.
En sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, los concejales de las siete ciudades del cambio reunidas piden una inversión que equipare España al resto de países europeos con políticas más acordes con la idea que la vivienda es un derecho fundamental. La reclamación principal de los siete consistorios es que en el plazo de 10 años el gasto se sitúe en el 1,5% del PIB. Los representantes municipales insisten que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía, y son las que más sufren la falta de recursos públicos de las políticas estatales que permitan garantizar la vivienda como el bien de primera necesidad que es.
Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo VPO pero también rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía
Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo VPO pero también rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17%. Una solución básica sería, claro, echar mano de la Sareb. "Queremos que nos ayude el ministerio con un marco regulatorio con la Sareb para poner esas viviendas a disposición de las personas que están en lista de espera", ha explicado Calvo, edil de Vivienda del gobierno de Carmena en Madrid.
En el caso de las medidas de tipo financiero, proponen que el Instituto de Crédito oficial (ICO) disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas, o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea. En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de Vivienda, los ayuntamientos plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. La propiedad del suelo de este tipo de viviendas no debe pasar a manos privadas al cabo de los años, como sucede en la actualidad, han defendido las siete administraciones municipales. Además, las ayudas a la rehabilitación deben priorizar al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, y tienen que prever medidas para que las mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos "no puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato de alquiler que expulse a los vecinos y vecinas".
Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado la visita a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para poner sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el marco legal y normativo que protejan a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.
Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIS es otro de los planteamientos que ponen sobre la mesa los ayuntamientos ya que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado de alquiler, y gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales sus ganancias superan los 5.000 millones de euros. La compra de vivienda habitual por parte de personas y entidades extranjeras no residentes también debe ser penalizada fiscalmente.
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