El anterior ejecutivo del PP cifró en 37 los servicios susceptibles de supresión, con un coste de 16 millones al año.
El gobierno municipal ha aprobado por segunda vez en dos meses la adhesión al Fondo de Ordenación de Impagos puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda. La petición, que en esta ocasión era de 10,5 millones de préstamo para saldar vencimientos impagados de los tres créditos ICO que solicitó el ejecutivo de Pelayo en la anterior legislatura, ha ido aparejada de una nueva revisión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento. Nada grave en principio en cuanto a recortes, pero sí una advertencia explícita en el informe de la Intervención municipal que acompaña la petición al ministerio de Cristóbal Montoro: hay que desterrar servicios no obligatorios y suprimir prestaciones deficitarias que son competencias delegadas de otras administraciones. "Como ya se advirtiese por esta Intervención anteriormente, han de acometerse trabajos en relación con la ordenación competencial que han de culminar con la correlativa adopción de medidas tendentes a cumplir con dicho condicionado", expone Mª Paz Sánchez Manzano, secretaria-interventora en funciones del Consistorio.
El gobierno del PP, pese a los salvajes recortes que introdujo al aprobar el primer de Plan de Ajuste, aparejado del primer ERE de la historia de los ayuntamientos democráticos, no se atrevió a meter la tijera a servicios no obligatorios y, aunque en muchos casos los privatizó, mantuvo el total de 37 servicios públicos que presta la administración local y no le corresponden. A finales de 2011, a los seis meses de acceder al despacho de Alcaldía, Pelayo informó de que el Consistorio se ahorraría hasta 16 millones de euros si estos servicios públicos impropios fuesen prestados por las administraciones (Gobierno central y Junta de Andalucía) a las que les corresponden. "Hay que racionalizar y reorganizar", dijo la exalcaldesa, tras analizar los 115 servicios que presta el Ayuntamiento. De ellos, 48 deben ser prestados obligatoriamente por el Consistorio pero los 37 restantes son opcionales, ya sea la Escuela Municipal de Tauromaquia o la Escuela Municipal de Música, por poner solo dos ejemplos.
Con una legislatura en blanco en este sentido, ahora la Intervención vuelve a apretar las tuercas para que se ponga coto a una serie de prestaciones públicas impropias que están vetadas incluso por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que impulsó el Gobierno de Rajoy y que actúa como una especie de troika que encorseta buena parte de la gestión de los ayuntamientos. Sin resolver el verdadero problema de fondo, la financiación claramente insuficiente que reciben las corporaciones locales -y más Jerez, uno de los territorios más extensos del país-, la ley apuesta por el corte por lo sano, ya sea mediante la supresión de emisoras de radio y televisión locales o atacando el gasto en servicios sociales prestados desde los ayuntamientos
La propia Pelayo escribía a finales de 2012 una carta al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para reclamar más financiación. No consta que hiciera lo propio con Rajoy. Eso sí, en su diatriba mantenía que entre los servicios "impropios" que están desarrollando las entidades locales, "sin que la Junta de Andalucía haya transferido la financiación comprometida", están "los de ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, los convenios para reforzar temas de inmigración, la gestión de residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzhéimer, centros de drogodependencia, residencias de personas con inmigración, los programas de envejecimiento activo o el desarrollo de la Ley de Dependencia, entre otros".
El nuevo informe de la Intervención para la solicitud del quinto préstamo ICO en tres años es rotundo. Sin más ingresos y menos servicios, es imposible devolver más de 580 millones de deuda a los bancos. Y dar a los bancos lo suyo ha sido y es la obsesión de los dos últimos ejecutivos de la Nación, que incluso pactaron de forma exprés una reforma constitucional para priorizar el principio de equilibrio financiero. "Nuevamente, como en las anteriores revisiones informadas (del Plan de Ajuste del Ayuntamiento, se observa que en la propuesta (...) no se contemplan medidas de incremento de tasas y precios públicos en que se tenga exclusivamente en consideración la correcta financiación del coste derivado de la prestación de los servicios públicos, así como valorar la supresión de aquellos servicios que, sin ser de prestación obligatoria, ni responder a competencias delegadas por otras administraciones públicas, sean deficitarios".
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