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La plataforma de afectados, tras reunirse con la presidenta de la Sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, informa al Ayuntamiento de que el documento remitido hace unos días "no vale para nada".

“El documento que mandamos al TSJA no vale para nada”, dicen los afectados por el ERE. La iniciativa, que parte del gobierno local, y que fue propuesta en una reunión celebrada hace unas semanas, es estéril. En el escrito, remitido al Alto Tribunal andaluz, se manifiesta la voluntad de ambas partes, Ayuntamiento y trabajadores, de optar por la readmisión, pero es papel mojado. No lo dicen los afectados, sino la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que hace unos días estuvo reunida con varios ex empleados municipales que estuvieron de visita en Sevilla.

Los afectados por el ERE, tras reunirse con el gobierno local en una nueva cita de la mesa de seguimiento, trasladan al gobierno local que deben enviar escritos, pero no de forma colectiva, ya que la improcedencia fue dictada por el Juzgado de lo Social de Jerez tras recurrir de forma individual. La magistrada Begoña Rodríguez, a la que aún no le ha llegado el escrito remitido por el Ayuntamiento –está en Granada en poder del presidente de la Sala granadina–, es la que ha transmitido personalmente que no tiene validez legal.

¿Entonces cuál es el siguiente paso? Este viernes tendrá lugar una nueva reunión en el Ayuntamiento a la que el gabinete jurídico llevará un borrador del escrito individual que deberán presentar al TSJA, al que debe dar el visto bueno los abogados de los afectados. Rodríguez, en su condición de presidenta de la Sala de lo Social del TSJA, es quien puede paralizar el dictamen de la sentencia –que está próxima a salir– tras el que tendrán que firmarse los acuerdos transaccionales, en los que el Ayuntamiento debe manifestar su decisión de optar por la readmisión.

“Una vez se dicte sentencia firme es difícil el cambio de la opción de indemnización a readmisión”, explican afectados tras su reunión en el TSJA, donde irán la próxima semana una vez se perfile el documento con la petición individualizada. “Por nuestra parte no podemos aportar más”, sostienen desde la Plataforma de Afectados por el ERE (PAE), que espera poder firmar la semana que viene.

Una vez el TSJA cuente con los nuevos escritos, tocará esperar la resolución del Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno al nuevo Plan de Ajuste y al Presupuesto de 2016, para lo que el gobierno local ya propuso a los trabajadores que renuncien a buena parte de los salarios de tramitación para facilitar así el 'ok' del Ministerio. Con esta medida se pretende compensar el sobrecoste de indemnizar –6,5 millones de euros– frente a la readmisión –que se estima en unos 13 millones–. Las cuentas municipales, que estarán al menos en mayo, no impiden, asegura el gobierno local, que se cumpla el plazo dado hace unas semanas para que los trabajadores que han manifestado su intención de recuperar su puesto de trabajo estén en el Ayuntamiento antes del 30 de junio.

La Plataforma de Afectados, además, ya solicitó un informe al gabinete jurídico de Juan Pedro Cosano, que ya publicó lavozdelsur.es, y que recoge textualmente: "Consideramos que la actuación estudiada, y en los términos en que lo ha sido, de ningún modo podría ser constitutiva de infracción penal; una transacción judicial en ningún caso, repetimos, en ningún caso, puede acarrear consecuencias penales para los intervinientes en ella, so pena de considerarse que el juez que la ha aprobado ha incurrido en delito de prevaricación judicial". Aún así hay quien, dentro del propio gobierno local, no las tiene todas consigo y se niega a firmar hasta contar con los informes jurídicos y económicos que avalen la readmisión. La pelota, una vez más, está en el tejado del Ayuntamiento, que debe bajarla al suelo y jugar rápido para marcar el ansiado gol que esperan celebrar cuanto antes los 118 trabajadores que quieren volver a sus puestos de trabajo.

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