La adjudicación a Deloitte de la defensa de los procedimientos individuales por los despidos derivados del ERE municipal está bajo sospecha. Es la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz la que ha requerido el expediente de contratación elaborado por el Ayuntamiento, que como publicó La Voz del Sur hace unas horas, no tenía justificación para llevar a cabo una nueva contratación externa de un bufete de abogados y no invitó a tres empresas para que presentaran sus propuestas, como marca la normativa. La candidata a la Alcaldía del PSOE, Mamen Sánchez, se ha referido hoy a este asunto y ha pedido a la alcaldesa que diga si contrató “a dedo” a Deloitte.
“Toda prestación de servicios que contrate el Ayuntamiento, en el que gaste dinero de todos los jerezanso y jerezanas, ha de cumplir al pie de la letra la ley. En este caso sería mucho más doloroso aún, porque estamos hablando de que Pelayo podría haber pagado una alta cantidad de dinero a una empresa contratada irregularmente para una tarea tan rastrera como dejar a 260 familias en la calle”, ha apuntado Sánchez, para quien la contratación de esta empresa jurídica resulta “muy extraña”, puesto que el Ayuntamiento posee suficientes recursos propios en este campo.
La alcaldable socialista también destaca que tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde Antonio Saldaña se ausentaran en las juntas de gobierno local que llevaron a cabo la contratación. “Muy poco seguros de que el proceso era legal debieron estar ambos para no querer participar en él, involucrando a otros de sus compañeros del grupo municipal del PP en un asunto que podría acabar en los tribunales y pidiendo responsabilidades a quienes votaron a favor de esta adjudicación tan poco transparente”.
Para Sánchez, tanto Pelayo como Saldaña “juegan con el dinero de los jerezanos”. “Y no estamos hablando solo de estos 120 000 euros, sino, por ejemplo, de los tres millones que nos va a costar a todos los jerezanos que los juzgados estén declarando improcedentes los despidos realizados”, ya que como se conoce desde hace unas semanas, ya hay medio centenar de sentencias favorables a los trabajadores y en contra del Ayuntamiento.
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