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El PP local remite un comunicado en el que pretende rebajar la gravedad del auto del Supremo: "Sólo implica que iniciará la investigación que considere oportuna para esclarecer los hechos".

El Partido Popular jerezano sigue negando la mayor en relación con la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' que implica a su líder, senadora y exalcaldesa, María José García-Pelayo, en la trama Gürtel. Después de conocerse el auto del Tribunal Supremo en el el magistrado Luciano Varela ordena abrir una causa contra la dirigente popular por presuntas ilegalidades en cuatro contrataciones con empresas de la red de Francisco Correa, el PP local ha remitido un comunicado para negar que Pelayo esté imputada. 

"Se falta a la verdad cuando se afirma que María José García-Pelayo ha sido imputada por el Tribunal Supremo y por tanto se solicita la rectificación de esta expresión porque no se ajusta a la verdad y a pesar de que se trate de una figura jurídica de garantía procesal en el ámbito político supone un menoscabo de la fama de las personas". Como recoge Europa Press aludiendo al auto emitido por el TS, "sería la propia imputada la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". 

"La admisión a trámite y apertura de causa por el Tribunal Supremo en relación a la contratación de Fitur realizada por el Ayuntamiento de Jerez en el año 2003 (y 2004) sólo implica que el Tribunal Supremo iniciará la investigación que considere oportuna para esclarecer los hechos y en su caso adoptar las decisiones que se deriven de los mismos", añade. Del mismo modo, afirman, "cabe destacar que hasta el momento María José García-Pelayo no se ha manifestado en sede judicial -su condición de aforada se lo impedía- y reiterar que por dos veces ha solicitado la declaración voluntaria con el fin de que la tramitación del proceso se agilice y pueda culminar con la mayor brevedad posible".

A todo esto, insisten en afirma que "este proceso se ha alargado durante más de 8 años y es interés de los populares que la próxima disolución de las cortes no suponga una interrupción en el desarrollo del mismo y que pueda culminarse su tramitación". Por último, manifiestan, "los hechos investigados no se refieren a la utilización de dinero público con intereses personales ni de terceras personas vinculadas y exclusivamente se centra en la tramitación administrativa de un expediente por lo que cualquier juicio de valor más allá de la realidad de este proceso se aleja del interés de conocer la verdad". Es llamativa esta última sentencia cuando ya se considera probado por la Justicia que al menos Isidro Cuberos percibió más de 50.000 euros solo por ejercer de intermediario entre las empresas de Correa y el Ayuntamiento de Jerez. 

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