El combustible debía acabar en plantas de reciclaje. Según la Guardia Civil, una organización que operaba desde una empresa del sector energético e industrial con sede en Cádiz lo desviaba a naves industriales y, desde allí, a cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva. En esas estaciones se descargaba para llenar los depósitos y venderlo al público sin los controles ni las garantías correspondientes.
La Guardia Civil ha dado a conocer este 20 de noviembre el resultado de la operación Nexus, que se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el presunto responsable de la organización. Los investigadores calculan que la trama se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible desde febrero y habría obtenido beneficios superiores al millón de euros.
En Jerez, el operativo comenzó alrededor de las 7.00 horas del jueves 12 de noviembre. Tres furgones blancos y un coche patrulla llegaron al entorno de las Torres de Córdoba, donde el despliegue sorprendió a vecinos y a quienes desayunaban en los establecimientos cercanos.

- Agentes policiales que participan en la operación.
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Los agentes se dirigieron al edificio Huelva I. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil procedentes de Sevilla, que derribaron la puerta de una vivienda para realizar el registro. En el inmueble detuvieron a una mujer e intervinieron material que quedó incorporado a la investigación.
La intervención en Jerez formó parte de los once registros que la Guardia Civil practicó en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Tres se llevaron a cabo en domicilios de El Puerto, Chiclana y Jerez. Otros tres se realizaron en naves industriales y sedes sociales, y los cinco restantes, en gasolineras de Sevilla y Huelva.
Un contrato para destruir el carburante y cinco gasolineras para venderlo
Las pesquisas comenzaron en julio. La Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita vinculada a una compañía del sector energético e industrial y centró la investigación en el destino del combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.
La compañía tenía un contrato oficial. Ese acuerdo la autorizaba a recoger el carburante incautado por las fuerzas de seguridad, tratarlo y eliminarlo, una actividad que la empresa presentaba como parte de sus servicios de economía circular y gestión de residuos.
Según el Instituto Armado, la organización se valía de ese contrato para aparentar que cumplía el procedimiento de eliminación. Los agentes detectaron que el carburante que supuestamente se enviaba a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua, una maniobra con la que, según su relato, la trama simulaba que el combustible había seguido el cauce previsto para su destrucción.

- Agentes de la Guardia Civil, practicando detenciones en las Torres de Córdoba en Jerez.
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- JUAN CARLOS TORO
El destino del carburante era otro. Según la investigación, se desviaba antes de llegar a las plantas de tratamiento y se almacenaba en distintas naves industriales, algunas de las cuales carecían de las condiciones de seguridad exigidas para albergar sustancias inflamables.
Desde las naves, el combustible llegaba a cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva. Los investigadores atribuyen al principal sospechoso y a un familiar directo la puesta en marcha de esos establecimientos, donde el carburante se descargaba íntegramente en los depósitos de las estaciones para venderlo al consumidor final. La Guardia Civil sostiene que las cinco personas que integraban la organización desempeñaban funciones distintas dentro del entramado.
Intervenidos 57.500 litros de combustible
En el conjunto de los registros, los agentes intervinieron 57.525 litros de combustible y 59.170 euros en metálico. También se incautaron de cinco vehículos de alta gama, numerosas joyas, relojes de lujo, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático.
Los cinco detenidos están investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y delitos contra los consumidores. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. La operación ha corrido a cargo del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.
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