El nuevo gerente remite una carta al Ayuntamiento para apremiarle a que retome el pago del corriente, que el anterior gobierno abonó de forma "errática", y para acordar un nuevo calendario que salde la deuda pendiente de 12,4 millones.
No es que penda de un hilo la expulsión de Jerez del Consorcio Provincial de Bomberos es que debió haberse ejecutado en torno a febrero o marzo de 2013. Una junta general extraordinaria de este ente público aprobó excluir al Consistorio, "definitivamente" y "sin requerimiento alguno", si volvía a fallar en los pagos tras el enésimo plan para saldar las deudas aprobado el 30 de octubre de 2012. Una vez más el acuerdo se incumplió a las primeras de cambio. En un escrito dirigido por el nuevo gerente del consorcio, Jaime Domínguez, al consejero del Ayuntamiento en la entidad, José Antonio Díaz -a su vez teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructura-, éste expone con nitidez la evolución de aquel último acuerdo suscrito por el anterior gobierno del PP.
"Según este calendario de pagos, el Ayuntamiento realizaría una aportación inicial de 3 millones de euros en noviembre de 2012, y sucesivos pagos mensuales a partir de enero de 2013 hasta abonar la totalidad de la deuda a lo largo de la legislatura, hasta junio de 2015". A día de hoy, con dos planes de pago por medio, la deuda con la entidad ha crecido en 7 millones en apenas tres años, hasta superar los 12 millones de euros. Por esta razón, el gerente apremia a retomar el pago del corriente y a "estudiar" un plan financiero durante este mandato para afrontar la deuda "de manera inmediata". No habla de expulsión, pese al acuerdo que obra en su poder firmado por su antecesor en el cargo -dirigente del PP-, pero sí de "revertir a la mayor brevedad posible" una situación actual que califica como "muy grave" para la sostenibilidad de un servicio esencial.
"De este acuerdo -alude en relación al último plan de pagos- únicamente se cumplieron las dos primeras cuotas, arrastrando a partir de entonces demoras cada vez mayores, que hacen que la deuda total actual haya ascendido hasta los 12,435 millones de euros a 30 de septiembre de este año". Antes de incumplir este acuerdo, el ejecutivo local presidido por la exalcaldesa María José García-Pelayo ya había roto otro plan de pagos pactado en junio de ese mismo año. "El problema histórico que existía entre el Ayuntamiento y el Consorcio por la aportación de Jerez ya está resuelto, y estamos cumpliendo escrupulosamente el calendario de pagos acordado", decía la también senadora del PP en julio de 2012. A los pocos meses volverían a reproducirse los impagos, llegando incluso a provocar una situación de indefensión de los efectivos jerezanos que eran los únicos adscritos al ente público a los que no le llegaban sus nóminas mensuales y que incluso acudieron a la Justicia ordinaria por este conflicto.
Tras el último plan de pagos con Jerez aprobado en junta extraordinaria, "el Ayuntamiento realizó pagos erráticos a lo largo de 2013, 2014 y 2015, con los que no se cubrían, si quiera, las aportaciones corrientes, aumentando paulatinamente la deuda de manera alarmante". Actualmente la deuda es 3,5 millones superior a cuando se firmó a finales de 2012 el último convenio para evitar la expulsión de Jerez. Ya entonces el propio consorcio tenía más o menos claro lo que iba a ocurrir. Además de exigir que el acuerdo fuese llevado a pleno, la entidad subrayaba en el acta de aquella reunión: "Sin minusvalorar la propuesta efectuada, no es menos cierto que ésta puede nuevamente incumplirse ya que no viene avalada más que por la intención de pago". Por ello, la aceptación del nuevo calendario para saldar los impagos fue aparejada por la "condición suspensiva de carácter resolutorio (...) sin necesidad de adoptar trámite alguno al respecto".
"Aunque sea muy complejo mantener el Consorcio sin Jerez, más difícil es proporcionar el servicio con problemas de financiación de tanta magnitud"
Podría pensarse que la desastrosa situación la heredó el gobierno de Pelayo pero el gerente destaca en su misiva que "hasta comienzos del año 2011, la situación del Ayuntamiento de Jerez podemos decir que se encontraba dentro de la normalidad, soportando sus aportaciones mensuales corrientes habitualmente, si bien existía un cierto retraso en las cuotas del convenio de aplazamiento de pago por deudas anteriores al año 2007". Esta situación cambia radicalmente a lo largo de 2011 y 2012 -ya con el PP al frente del Consistorio-, "abonándose menos del 20% de las aportaciones corrientes, llegándose a acumular en octubre de 2012 una deuda de 8,9 millones de euros, lo que obliga al Consorcio a aprobar la separación del Ayuntamiento de Jerez".
La ciudad pertenece al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz desde fundación en 1981 y hasta ahora nunca había llevado la relación hasta una situación que el gerente remarca como "muy grave" para ambas partes. El enorme montante de deuda genera un estrangulamiento en la operatividad de la entidad, ya que las aportaciones de los ayuntamientos sirven en un 90% para el pago de las nóminas de los trabajadores. No oculta Domínguez la importancia de contar con Jerez en el seno de este ente público, "es un eje fundamental para la vertebración del servicio", si bien insta a "revertir la situación financiera a la mayor brevedad posible". Y es que, "aunque sea muy complejo poder mantenerlo sin la participación de este Ayuntamiento, más difícil es poder proporcionar el servicio con problemas de financiación de tanta magnitud".
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