El pleno aprueba, con la abstención del grupo popular, una proposición para que el Gobierno central no ponga en marcha la disposición adicional vigésimo séptima del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
El Ayuntamiento de Jerez ha municipalizado recientemente el servicio de alumbrado público —con un ahorro estimado de 322.000 euros anuales— y el de ayuda a domicilio, una práctica que el Consistorio jerezano ha puesto en práctica en otras cuatro ocasiones en los últimos tres años, ya que también ha integrado en la nómina municipal a los empleados de la atención telefónica, a los de las calas de la vía pública, a los de los autobuses urbanos y los de la asistencia y atención a la infancia. Pero estas municipalizaciones, puestas en marcha para paliar el déficit de empresas municipales ruinosas o de concesionarias que cumplieron contrato, no podrán volver a repetirse una vez entre en vigor la disposición adicional vigésimo séptima del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
“Cuando gobierna el PP, legisla para las grandes empresas. Esto va a suponer desigualdad de derechos, inestabilidad laboral”, se queja el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz durante el pleno de mayo, al que Ganemos e IU llevan una proposición conjunta para pedir al Gobierno central que no impida realizar municipalizaciones a los ayuntamientos. “La gestión directa de servicios públicos es más barata para las arcas públicas, dignifica las condiciones laborales al no estar sujeta a la explotación laboral y frena la corrupción ligada a la contratación”, apunta Maribel Ripalda, edil de Ganemos, quien defiende la propuesta, que sale adelante con los votos favorables de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstiene.
Carlos Pérez, de Ciudadanos, no ve con buenos ojos la medida. “A nosotros nos gusta el sistema mixto”, dice, al mismo tiempo que pide no municipalizar todos los servicios, “porque hay casos en los que funcionarán peor”. “La Administración no es un cortijo, no se puede dedicar a contratar sin control”, remata. Antonio Saldaña, portavoz del PP, es quien habla por su grupo y pregunta: “¿Hay algún problema en cumplir la ley? ¿Cualquier persona puede acceder a un procedimiento de contratación público? Debería primarse los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
El PP, durante el anterior mandato, asumió las plantillas de varias empresas municipales, como Jecomusa (Onda Jerez), Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), Jesytel (Jerez Sistemas y Telecomunicaciones), Jereyssa (Oficina de Recaudación y Servicios Tributarios), además del Patronato del Zoobotánico. “En las empresas públicas que se absorbieron y el principio de mérito se lo pasaron por donde yo sé”, replica el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz, que tacha de “diabólica” la nueva legislación que pretende implantar el PP a nivel nacional: “Es un ataque a los trabajadores, por la inestabilidad que provoca”.
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