El gobierno local y la oposición presentarán una moción conjunta en el pleno de noviembre para establecer criterios para dar solución a las OPA.
El próximo pleno ordinario del Ayuntamiento albergará una moción conjunta de todos los grupos municipales que contempla los criterios para dar solución a las OPA (Operaciones Pendientes de Aplicación), lo que popularmente se conoce como facturas en cajón, que tiene el Ayuntamiento, que rondan los 100 millones de euros. El teniente de alcaldesa de Hacienda, Santiago Galván, tras la reunión con el resto de formaciones con representación municipal, se muestra satisfecho por “haber alcanzado este consenso que nos permitirá, por un lado, no aumentar el número de OPA existentes y, por otro, dar una solución a las ya existentes”.
Galván recuerda que “se cumple así un compromiso adquirido por el gobierno municipal en sesión plenaria dando una solución a un grave problema histórico que nos habíamos encontrado a nuestra llegada al Ayuntamiento”. El teniente de alcaldesa ya mantuvo varias reuniones con los grupos de la oposición el pasado verano en el transcurso de las cuales se les entregó un borrador con los criterios a seguir para dar solución a esta problemática.
“Una vez incorporado el nuevo interventor, realizó algunas apreciaciones y consideraciones a este documento que se han incluido para darle más seguridad jurídica”, señala el teniente de alcaldesa, que anuncia que la proposición recogerá criterios para priorizar las obligaciones contraídas con terceros ajenos al grupo municipal, primando la antigüedad de la factura u obligación, destacando en este caso el gasto imputado a servicios sociales y promoción social. También se dará prioridad a las obligaciones con fecha anterior al 1 de enero de 2012.
El documento también establecerá un baremo y unas medidas para evitar la aparición de OPA en el futuro, unas medidas entre las que destacan la reforma de los procedimientos de gasto, la adecuación y reforma de las bases de ejecución y las normas y procedimientos municipales que sean necesarios. La exigencia de responsabilidades por incumplimiento de la normativa indicada, el establecimiento de medidas sancionadoras en caso de incumplimiento, las dotaciones presupuestarias para realizar en los plazos más breves posibles la imputación de las OPA pendientes de aplicar y un análisis sistemático de los procedimientos de los distintos gastos para determinar los trámites necesarios para su realización, son otras de las medidas.
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