La Coordinadora del Agua asegura que la multinacional "está utilizando métodos coactivos y amenazando con acciones jurídicas a vecinos para que paguen por servicios que no ha prestado".
La Coordinadora del Agua de Jerez denuncia que la concesionaria del servicio en la ciudad, la multinacional Aqualia, que opera aquí bajo la marca Aquajerez, "está obteniendo beneficios económicos de los vecinos de Torrecera al margen de la legalidad y del pliego de condiciones vigente". La organización asegura que la empresa intenta "facturar el servicio de gestión del agua que por voluntad de los vecinos y por acuerdo de su Ayuntamiento no les corresponde".
"Aqualia además está utilizando métodos coactivos y amenazando con acciones jurídicas a vecinos para que paguen por servicios que no ha prestado, aprovechándose del vacío jurídico que el equipo de gobierno del PP creó en las pedanías y que el PSOE ha continuado fomentando en detrimento de los ciudadanos", señala la Coordinadora del Agua, que adjunta, con la nota de prensa remitida a los medios, una carta recibida por un vecino de Torrecera con "amenazas de reclamaciones judiciales que estimamos de extremada gravedad, ya que creemos que contiene indicios de varios incluplimientos legales y vulnera flagrantemente el pliego de condiciones".
"Denunciamos públicamente también el oscurantismo del equipo de gobierno sobre todo lo que concierne a la empresa concesionaria Aquajerez, y la dejación de la función inspectora que el Ayuntamiento se reservaba en los pliegos de condiciones sobre la actividad de dicha empresa", señala la Coordinadora, que señala que se desconocen aspectos importantes de esa actividad como las inversiones a las que está obligada, la calidad del servicio o el funcionamiento del servicio técnico supervisor.
El Ayuntamiento, censuran desde la Coordinadora del Agua, está incumpliendos dos acuerdos plenarios, de 30 de septiembre y de 29 de octubre de 2015. El primero recogía la adhesión de Jerez al Pacto Social por el Agua y su incorporación a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas); el segundo garantizaba el suministro mínimo vital para todas las familias jerezanas con riesgo de exclusión social y económica. Por eso, la Coordinadora solicita una reunión al Ayuntamiento y anuncia el inicio de posibles medidas legales, para saber si las cartas recibidas por vecinos de Torrecera "son objeto de denuncia legal". "No podemos permanecer inactivos ante la flagrante violación de los más elementales derechos públicos con el fin exclusivo de ganar más dinero", señala.
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