Cacerolada frente a la sede del PP: "Que devuelvan el dinero"

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Una protesta convocada a través de redes sociales concentra en Jerez a medio centenar de manifestantes bajo el lema "es una banda, no es un partido".

Pasan las ocho de la tarde cuando cerca de la Rotonda de los Casinos se puede escuchar una banda sonora bastante peculiar. Una cacerolada resuena en plena calle Larga, donde se encuentra la sede del PP local, frente a la que un grupo de medio centenar de personas se manifiesta lanzando todo tipo de proclamas contra los populares. "Es una banda, no es un partido" o "estos rateros que devuelvan el dinero" son algunos de los cánticos.

La cacerolada, celebrada simultáneamente frente a las sedes de agrupaciones del PP a lo largo de todo el país, surgió a través de las redes sociales tras conocerse que, en el marco de la Operación Lezo, que investiga la malversación de fondos del Canal de Isablel Segunda, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, debía ingresar en prisión; lo que provocó que Esperanza Aguirre dimitiera como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid; a lo que hay que sumar la citación a declarar a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como testigo en el juicio del caso Gürtel.

"Rajoy dimite, el pueblo no te admite", "ahí está la cueva de Alí Babá", gritan los manifestantes, que cruzan de un lado a otro de calle Larga, cazos en mano, haciendo todo el ruido que pueden. "A ti que estás mirando también te están robando", señalan a los transeúntes que pasean por la zona, donde acuden efectivos de Policía Local y Nacional para regular el tráfico, que se ve interrumpido por el trasiego de personas que cruzan el paso de cebra situado frente a la sede de los populares.

La manifestación, sin organizador conocido, apoyada por miembros de Ganemos Jerez, Podemos e IU en la ciudad, no ha sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, por lo que los asistentes podrían ser multados en virtud de la reformada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que recoge sanciones de entre 600 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de las posibles infracciones.

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