El gobierno local recuerda que la medida la aprobó el anterior gobierno del PP y afirma que romper el contrato firmado entonces podría suponer unos costes de hasta 8 millones.
Llegó junio y con él la ampliación de la ORA en Jerez, que ha dejado estampas inusuales en las nuevas zonas que desde ahora son de pago. El entorno de la plaza de toros, calle Conocedores o los alrededores de Divina Pastora y avenida Álvaro Domecq, donde siempre era complicado encontrar aparcamiento -sobre todo en horario laboral, ya que muchos trabajadores del centro las elegían precisamente por su proximidad al casco histórico-, presentaban en este comienzo de mes un aspecto completamente contrario, con multitud de plazas libres. Está claro que muchos prefieren buscar una alternativa de aparcamiento gratuito a dejarse medio sueldo en tickets de la ORA.
La medida, impopular, ha dejado un reguero de comentarios en redes sociales, por lo que desde el gobierno local han ido rápido a la hora de recordar que esta ampliación fue aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular cuando adjudicó el servicio a la concesionaria Setex-Aparki en 2014 por 4,2 millones "que ya se lo gastó el PP antes de las elecciones municipales de 2015", señala el Ayuntamiento en un comunicado.
Desde el PSOE se llegó a pensar en romper el contrato administrativo firmado por el gobierno de García-Pelayo, pero finalmente se tuvo que echar para atrás dado el alto precio que costaría, entre 5,5 y 8 millones de euros.
El desglose de este coste mínimo de 5.5 millones de euros que supondría no haber ejecutado esta ampliación del ORA es el siguiente: 4.2 millones de euros de devolución del canon; 1.1 millones de euros de 'lucro cesante' y 200.000 euros de daños y perjuicios equivalentes, como mínimo, a la inversión realizada por la empresa adjudicataria. Fuentes municipales apuntan que este desglose podría haberse incrementado con otros conceptos hasta llegar a la cifra de 8 millones de euros.
El Gobierno local recuerda que “por responsabilidad institucional ha sido imposible romper este contrato que firmó García-Pelayo, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar estos costes máxima si tenemos en cuenta que estamos inmersos en un Plan de Ajuste y fiscalizados por el Ministerio de Hacienda”.
Además, el Gobierno local explica que romper el contrato que firmó García-Pelayo supondría, "no sólo un quebranto económico inasumible para el Ayuntamiento, sino que además tendríamos que utilizar el dinero de partidas que no se pueden recortar, como son los gastos sociales. Y no vamos a recortar ni un sólo céntimo de euro en ayudas sociales, ni en el pago de ayudas a la vivienda o del recibo de la luz, ni en inversiones que realmente son necesarias. El PP y María José García-Pelayo metieron a la ciudad en este problema del ORA y ellos deben dar explicaciones a la ciudadanía".
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