Unas 200 personas han salido a las calles de Córdoba para reclamar la liberación de dos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025. Se trata de David Rodríguez Ballesta, natural de Granada, y Javier Marañón Montero, cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, dos trabajadores del sector de las telecomunicaciones cuya situación ha llevado a sus familias a denunciar públicamente la falta de avances para conseguir su regreso.

La manifestación comenzó a las 12.00 horas en la estación de tren Julio Anguita, desde donde los participantes caminaron hasta la Subdelegación del Gobierno. La protesta llega después de otra concentración celebrada el pasado día 10 en Granada.

Las familias denuncian el abandono del Gobierno

Aarón, hermano de Javier, ha asegurado a Europa Press que "el Ministerio de Asuntos Exteriores no responde a las peticiones que se hacen desde las familias". También ha criticado que la empresa para la que trabajaban ambos "no concreta el acuerdo, no paga".

Los dos españoles están vinculados a una empresa contratada para desplegar la televisión digital terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial.

Desde la Asociación de Ayuda Javier y David-Derechos Humanos sostienen que ambos han sido "detenidos arbitrariamente" y "han sido utilizados como rehenes humanos en un conflicto económico ajeno a ellos".

Un juicio inminente y denuncias sobre las condiciones de prisión

La asociación alerta de un "juicio inminente sin pruebas" y asegura que el procedimiento abierto en Malabo carece de evidencias contra los acusados.

Según los familiares, se pretende juzgarlos por enriquecimiento ilícito, un delito reservado en la legislación ecuatoguineana a funcionarios públicos.

También denuncian las condiciones de la prisión de Black Beach, en Malabo, donde permanecen recluidos. Aseguran que ambos padecen enfermedades crónicas sin atención hospitalaria, carecen de agua potable y alimentación salubre proporcionadas por el centro y han superado ampliamente el plazo legal de prisión preventiva.

Las familias sostienen, además, que se han impedido visitas de sus abogados y la entrada de médicos para evaluar su salud.

Ante esta situación, reclaman una intervención más decidida del Gobierno español y denuncian que las negociaciones para conseguir su liberación no avanzan.