"En este momento estoy despidiendo a personal. ¿Qué puedo hacer?", se lamenta María José de Pazo, consejera de la empresa armadora Francisco de Pazo, que lleva 25 años subastando merluza en Cádiz y miembro de Cepesca, ante la enorme incertidumbre que pesa sobre el sector tras expirar el acuerdo de pesca con Mauritania.
La lonja de Cádiz celebró este lunes su última subasta de merluza procedente del caladero mauritano antes de que se hagan plenamente visibles las consecuencias de la falta de acuerdo pesquero entre el país africano y la Unión Europea. El protocolo expiró el pasado 14 de noviembre y los barcos españoles han tenido que abandonar esas aguas sin saber cuándo podrán regresar.
Detrás de esta interrupción hay empresas, tripulaciones, trabajadores portuarios y negocios auxiliares. De Pazo, en conversación con lavozdelsur.es, responsabiliza a la falta de planificación de una paralización que, a su juicio, podría haberse evitado.
La representante empresarial sostiene que sus consecuencias van mucho más allá de los buques merluceros y alcanzan también a los marisqueros de Huelva, sus tripulaciones y los puestos de trabajo indirectos vinculados al caladero.

- Un trabajador de una pesquería, en la lonja gaditana.
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- JUAN CARLOS TORO
"Una desidia total": el sector asegura que pidió una prórroga en junio
De Pazo recuerda que el vencimiento del acuerdo era conocido desde su firma en 2021. Según explica, durante una reunión celebrada en junio, representantes de la flota española y de otros países comunitarios reclamaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que impulsara ante la Comisión Europea una prórroga que evitara detener los barcos.
La armadora recuerda que ya se recurrió a soluciones transitorias cuando se produjeron dificultades para renovar el acuerdo en 2019 y 2020. "Ha habido mucha desidia. La prórroga se podía haber pedido. Hoy no tendríamos este problema", afirma sobre las causas de una situación que ya es visible en la lonja gaditana, y también en la provincia de Huelva.
"Sabemos que Mauritania estaba dispuesto a firmar esa prórroga", asegura. La responsable empresarial critica que la flota haya llegado al final del protocolo sin conocer si podría seguir faenando. Y recuerda que el parón se produce después de un año marcado por los elevados costes del combustible, precisamente a las puertas de la campaña navideña, cuando aumenta la demanda de pescado.
Una discrepancia económica mantiene bloqueadas las negociaciones
La Comisión Europea, por su parte, ha confirmado que continúa negociando un nuevo protocolo con Mauritania. Su portavoz de Pesca, Maciej Berestecki, ha explicado que los contactos siguen abiertos después de la expiración del acuerdo.
El principal obstáculo son las condiciones económicas exigidas por Nuakchot. Hasta ahora, la Unión Europea aportaba 60,8 millones de euros anuales en virtud del protocolo. Según De Pazo, el texto del nuevo acuerdo estaba prácticamente consensuado en junio y únicamente quedaba pendiente la contrapartida financiera, con diferencias que cifra entre 20 y 30 millones de euros.
La armadora cuestiona que una discrepancia de esa magnitud haya impedido cerrar un pacto de tanta importancia para la pesca europea. También advierte de que la incertidumbre puede provocar que algunas empresas se planteen cambiar de bandera para mantener su actividad.

- Labores de limpieza en la lonja de Cádiz, este martes.
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- JUAN CARLOS TORO
Más de 105 millones de euros comercializados en la lonja de Cádiz
La preocupación del sector está respaldada por el peso económico que tiene la pesca mauritana en la ciudad. Según los datos difundidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, entre 2017 y 2026 los buques procedentes de Mauritania comercializaron en la lonja gaditana cerca de 44.000 toneladas de pescado, por un valor superior a 105,7 millones de euros.
Solo en 2025, las operaciones alcanzaron los 13,2 millones de euros, la cifra más elevada de la serie analizada. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, ha destacado la importancia de esta actividad para la economía local, que abarca desde la comercialización del pescado hasta el transporte, la transformación, la distribución y los servicios portuarios.
La paralización afecta igualmente a una treintena de barcos españoles que se beneficiaban del protocolo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre ellos predominan los marisqueros, además de buques atuneros y otras embarcaciones de pesca. Mientras se negocia un nuevo acuerdo, parte de la flota estudia trasladar su actividad a caladeros alternativos de Portugal y Guinea-Bisáu.
"El que más va a pagar esto es el consumidor final", dice De Pazo
María José de Pazo teme que la interrupción de las capturas afecte también a quienes compran pescado. Según explica, en Cádiz se venían subastando unas 50 toneladas de merluza a precios que considera asequibles. La desaparición de ese suministro podría alterar la oferta disponible en el mercado.
"Va a venir igual para España, más caro y con otro tipo de calidades. El que más va a pagar esto es el consumidor final", advierte.
La armadora sostiene que, si los barcos europeos dejan de pescar en Mauritania, otras flotas extracomunitarias continuarán explotando esos recursos. También cuestiona que se exijan estándares europeos de sostenibilidad a unas empresas que, en estos momentos, no pueden acceder al caladero.

- Lugar donde se realizan subastas, en la lonja.
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- JUAN CARLOS TORO
En su opinión, el problema amenaza incluso la soberanía alimentaria española, al aumentar la dependencia de pescado suministrado por otras flotas. De Pazo recurre a una imagen especialmente dura para describir lo que considera una contradicción de la política europea: el cuadro de Saturno devorando a su hijo, de Goya. "Eso es lo que está pasando", dice.
Cádiz reclama una solución urgente a España y Bruselas
El Ayuntamiento de Cádiz y la Autoridad Portuaria también han expresado su preocupación por el vencimiento del acuerdo. El alcalde, Bruno García, ha respaldado a los representantes del sector que se concentraron este lunes ante el Consistorio.
"Es un tema de ciudad ya que afecta a trabajadores, a familias, a empresas, al propio mercado y a los consumidores", ha afirmado. El regidor ha reclamado una intervención urgente del Gobierno central y ha asegurado que el Ayuntamiento está intentando contactar con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
Por su parte, el ministro pidió el pasado sábado a la Comisión Europea que intensificara las negociaciones para cerrar un nuevo protocolo cuanto antes. El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria defienden que, si no es posible alcanzar inmediatamente un acuerdo definitivo, se articule una solución transitoria que permita recuperar la actividad.
Para De Pazo, la urgencia tiene además una dimensión laboral. Critica que no exista un plan de contingencia ni ayudas específicas para las empresas afectadas por esta paralización. La representante empresarial teme que una interrupción prolongada termine por deteriorar irreversiblemente la actividad de la lonja gaditana y de las empresas que dependen de ella.
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