política

El Gobierno aprueba la novena subida del salario mínimo desde 2018 y aumenta el sueldo a los funcionarios en plena campaña

El salario mínimo interprofesional aumenta 65 euros mensuales y alcanza los 18.004 euros anuales para 2027. Más de tres millones de empleados públicos también verán incrementadas sus nóminas

  • La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciando la subida del SMI.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 17 de noviembre dos importantes subidas salariales a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29N. Por un lado, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aumentará un 5,3% en 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. Por otro, los más de tres millones de empleados públicos tendrán un incremento retributivo del 4,5%.

Es la novena subida del salario mínimo desde 2018, que pasa en este periodo de 735 euros mensuales a los 1.286 euros al mes que fija tras el último aumento. Las decisiones llegan en plena campaña electoral y han provocado las críticas del Partido Popular y de varios miembros del Gobierno andaluz, que cuestionan el momento elegido para aprobarlas.

El salario mínimo sube 65 euros al mes y 91 euros al año

La nueva cuantía del SMI entrará en vigor el 1 de enero de 2027, pasando de los 1.221 euros actuales a 1.286 euros mensuales. Esto supone 65 euros más por paga y 910 euros adicionales al año para quienes perciben el salario mínimo a jornada completa.

El Ministerio de Trabajo sostiene que, desde 2018, el salario mínimo habrá aumentado un 75% y que la nueva cuantía responde a los compromisos derivados de la Carta Social Europea. La subida aprobada se sitúa por debajo del 7% que reclamaban CCOO y UGT, pero supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno.

El Ejecutivo también ha aprobado una deducción fiscal para evitar que la subida del SMI implique tributación por IRPF, según la información facilitada sobre el Consejo de Ministros.

Más de tres millones de funcionarios cobrarán un 4,5% más

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un incremento del 4,5% para los empleados públicos en 2027, una medida que afectará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local.

La subida forma parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos en noviembre de 2025, que establece un incremento salarial acumulado de hasta el 11% en el horizonte de 2028. Los beneficiarios se distribuyen entre unos 546.000 empleados de la Administración del Estado, más de 1,9 millones de trabajadores autonómicos y cerca de 600.000 pertenecientes a entidades locales.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata del aumento salarial más elevado desde 1992 y ha calificado de "un orgullo" su aprobación. Además, durante el primer trimestre de 2027 está previsto abonar un 0,5% adicional con efectos retroactivos desde enero de 2026, condicionado a que el INE confirme que la inflación de este año ha superado el 1,5%.

Esta cantidad corresponde a un compromiso retributivo de 2026 ya aprobado legalmente. El decreto también contempla un aumento del 4,5% en las partidas destinadas a programas de acción social del personal público.

El PP acusa al Gobierno de utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña

Las subidas han provocado una reacción inmediata del Partido Popular. El cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha calificado de "partidista" la aprobación del nuevo salario mínimo durante la campaña electoral.

"Es utilizar la institución, los consejos de ministros, para hacer actos electorales. Yo creo que eso la gente por regla general no lo comparte", ha manifestado durante una atención a los medios en Sevilla. Bravo también ha acusado al Ejecutivo de marginar el diálogo social y ha reclamado medidas fiscales para acompañar la subida salarial.

"Porque han hablado de subir el salario mínimo, pero fíjese como no han dicho que van a aumentar el mínimo exento para que no tengan que pagar el IRPF", ha señalado. El dirigente popular ha defendido además la necesidad de impulsar los salarios medios mediante mejoras en productividad, competitividad, innovación y formación.

La Junta de Andalucía critica las subidas en plena campaña

La consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, ha considerado "deplorable, poco serio y de poca altura democrática" que el Gobierno apruebe la subida del salario mínimo a doce días de los comicios.

"No se puede usar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral", ha declarado en Antequera. Blanco también ha criticado que el Ejecutivo, a su juicio, haya actuado al margen del diálogo social, y ha extendido sus reproches a la subida salarial de los empleados públicos, que considera "otra medida electoralista".

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Carolina España, ha admitido que el SMI podría necesitar una actualización por el encarecimiento de la vida, aunque ha cuestionado que se apruebe precisamente ahora.

"Nadie puede estar en contra de que se suba el salario mínimo de nuestro país", ha afirmado. No obstante, ha reclamado que también aumenten los salarios medios, al considerar que las familias están perdiendo poder adquisitivo por el incremento de los precios de la alimentación, la energía y la vivienda.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 17 de noviembre dos importantes subidas salariales a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29N. Por un lado, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aumentará un 5,3% en 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. Por otro, los más de tres millones de empleados públicos tendrán un incremento retributivo del 4,5%.

Es la novena subida del salario mínimo desde 2018, que pasa en este periodo de 735 euros mensuales a los 1.286 euros al mes que fija tras el último aumento. Las decisiones llegan en plena campaña electoral y han provocado las críticas del Partido Popular y de varios miembros del Gobierno andaluz, que cuestionan el momento elegido para aprobarlas.

El salario mínimo sube 65 euros al mes y 91 euros al año

La nueva cuantía del SMI entrará en vigor el 1 de enero de 2027, pasando de los 1.221 euros actuales a 1.286 euros mensuales. Esto supone 65 euros más por paga y 910 euros adicionales al año para quienes perciben el salario mínimo a jornada completa.

El Ministerio de Trabajo sostiene que, desde 2018, el salario mínimo habrá aumentado un 75% y que la nueva cuantía responde a los compromisos derivados de la Carta Social Europea. La subida aprobada se sitúa por debajo del 7% que reclamaban CCOO y UGT, pero supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno.

El Ejecutivo también ha aprobado una deducción fiscal para evitar que la subida del SMI implique tributación por IRPF, según la información facilitada sobre el Consejo de Ministros.

Más de tres millones de funcionarios cobrarán un 4,5% más

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un incremento del 4,5% para los empleados públicos en 2027, una medida que afectará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local.

La subida forma parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos en noviembre de 2025, que establece un incremento salarial acumulado de hasta el 11% en el horizonte de 2028. Los beneficiarios se distribuyen entre unos 546.000 empleados de la Administración del Estado, más de 1,9 millones de trabajadores autonómicos y cerca de 600.000 pertenecientes a entidades locales.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata del aumento salarial más elevado desde 1992 y ha calificado de "un orgullo" su aprobación. Además, durante el primer trimestre de 2027 está previsto abonar un 0,5% adicional con efectos retroactivos desde enero de 2026, condicionado a que el INE confirme que la inflación de este año ha superado el 1,5%.

Esta cantidad corresponde a un compromiso retributivo de 2026 ya aprobado legalmente. El decreto también contempla un aumento del 4,5% en las partidas destinadas a programas de acción social del personal público.

El PP acusa al Gobierno de utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña

Las subidas han provocado una reacción inmediata del Partido Popular. El cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha calificado de "partidista" la aprobación del nuevo salario mínimo durante la campaña electoral.

"Es utilizar la institución, los consejos de ministros, para hacer actos electorales. Yo creo que eso la gente por regla general no lo comparte", ha manifestado durante una atención a los medios en Sevilla. Bravo también ha acusado al Ejecutivo de marginar el diálogo social y ha reclamado medidas fiscales para acompañar la subida salarial.

"Porque han hablado de subir el salario mínimo, pero fíjese como no han dicho que van a aumentar el mínimo exento para que no tengan que pagar el IRPF", ha señalado. El dirigente popular ha defendido además la necesidad de impulsar los salarios medios mediante mejoras en productividad, competitividad, innovación y formación.

La Junta de Andalucía critica las subidas en plena campaña

La consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, ha considerado "deplorable, poco serio y de poca altura democrática" que el Gobierno apruebe la subida del salario mínimo a doce días de los comicios.

"No se puede usar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral", ha declarado en Antequera. Blanco también ha criticado que el Ejecutivo, a su juicio, haya actuado al margen del diálogo social, y ha extendido sus reproches a la subida salarial de los empleados públicos, que considera "otra medida electoralista".

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Carolina España, ha admitido que el SMI podría necesitar una actualización por el encarecimiento de la vida, aunque ha cuestionado que se apruebe precisamente ahora.

"Nadie puede estar en contra de que se suba el salario mínimo de nuestro país", ha afirmado. No obstante, ha reclamado que también aumenten los salarios medios, al considerar que las familias están perdiendo poder adquisitivo por el incremento de los precios de la alimentación, la energía y la vivienda.

 

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