El Ayuntamiento de Cádiz indigna a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Cádiz (ARCA), que atiende a más de 70 pacientes y que debe abandonar su actual inmueble municipal en 15 días. El equipo de gobierno sostiene que la cesión del local lleva "en precario" desde 2015.
El conflicto ha estallado entre la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Cádiz (ARCA) y el Ayuntamiento. La carta del Consistorio en la que se exige el desalojo del local cedido a la asociación en el plazo de 15 días ha indignado a los dirigentes de ARCA, que sostienen que no se van a ir. El enfrentamiento comienza en abril de 2015, cuando David Navarro denuncia al por aquel entonces presidente, Alberto Matilla, con vinculaciones políticas con el PP, por falsificación de firmas en las nóminas. Leticia Fernández y Lourdes Conte, trabajadora social y psicóloga del centro respectivamente y cuyas firmas eran el eje central de la querella, aseguraron el pasado 5 de octubre que ellas no actuaron como denunciantes en ningún momento. “Nuestra única pretensión yendo al Ayuntamiento fue cobrar las nóminas que se nos adeudaban”, afirmaron las empleadas, que añadieron que “el Ayuntamiento realizó la denuncia por su cuenta y no nos informó de nada”.
Pese a todo, el asunto ya está olvidado judicialmente puesto que una prueba pericial caligráfica demostraba que “las firmas contenidas en los documentos dubitados pertenecen a Lourdes Conte y Leticia Fernández”, por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz archivó la denuncia a principios de octubre. Sin embargo, la querella propició la retirada de la subvención que ARCA recibía por parte del Ayuntamiento. Y esta no ha vuelto a pesar de que “se ha demostrado que no se ha cometido ninguna irregularidad”, asegura Antonio Pérez, vicepresidente de la asociación.
La ausencia desde 2015 de los 100.000 euros anuales en las arcas del centro ha provocado deudas con Hacienda y la Seguridad Social en la asociación, que no puede recibir dinero público hasta liquidar sus compromisos. “Todo sale de nuestro bolsillo, desde los productos de limpieza para mantener el local al café que ofrecemos a los pacientes de la asociación”, afirma Pedro Reyes, presidente de ARCA, que reconoce que vive en el local “porque la pensión no me da para más”.
Con más de 70 pacientes, es la única asociación de la capital gaditana que brinda ayuda de primera mano a quienes sufren los problemas del alcoholismo. Antonio Pérez afirma que él se ha recuperado “gracias a la asociación, aquí estamos todos entre amigos y, aunque siempre se pasa mal, es más fácil así”. Sin embargo, la carta del desalojo recibida el pasado 6 de octubre, justo un día después del archivo de la causa, sentó como un jarro de agua fría a los miembros de ARCA. “Nos ofrecían un local ridículo, de 20 metros cuadrados, para que nos fuéramos de aquí”, asegura Antonio. El actual, situado en la calle Conil de la Frontera, junto al estadio, dispone de 190 metros cuadrados donde se reparten la sala de espera, el baño, dos despachos para los trabajadores o el salón de terapia. “En un despacho de 20 metros ni siquiera cabe el archivo de los pacientes”, reconoce el presidente.
“Se tienen que quitar de la cabeza que nosotros tengamos que ver con política, estamos aquí por alcohólicos y lo único que queremos es ayudar a quien tiene nuestro mismo problema”, afirma indignado Pedro Reyes, que no entiende como “un alcalde que antes era activista y se ponía en la puerta durante los desahucios para pararlos ahora quiera desalojar una asociación como la nuestra”.
Desde el Ayuntamiento mantienen la postura de que la carta del desalojo “es la habitual en estos casos, la que reciben las entidades cuando se les expira el respectivo convenio o se les propone una reubicación de local por necesidades de la delegación”. Y es que, según se asegura desde el Consistorio, la asociación ocupa el local “en precario" desde 2015, cuando finalizó el convenio firmado en 2011.
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