La delegada provincial de Bienestar Social, Isabel Armario, ha celebrado la primera reunión con las empresas concesionarias.
El área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz ha diseñado un protocolo de seguimiento que incluye un calendario de encuentros con los diferentes agentes implicados en la prestación del servicio de atención a la dependencia para mejorar la coordinación entre todas las partes y que se ofrezca un servicio de mayor calidad. Ese calendario se ha iniciado con el encuentro que han mantenido los responsables de las distintas empresas concesionarias del servicio con la diputada responsable de esta área, Isabel Armario.
Con estas reuniones no sólo se pretende establecer vías de comunicación, sino hacer un seguimiento del funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio que permita diagnósticos de aspectos susceptibles de mejora. En este sentido se quiere tener una visión global y dar cabida a todos los agentes implicados en la prestación del servicio, como son los empresarios, a los que se ha dado cita en el día de hoy, pero también a trabajadores y sindicatos, técnicos de los servicios sociales municipales y responsables políticos de los ayuntamientos. Armario irá celebrando reuniones con todos ellos de manera individualizada y de ámbito comarcal.
La Diputación aprobó en el pleno ordinario de octubre la elaboración de este programa de seguimiento y control del funcionamiento del servicio, ya que es responsable de que se preste la asistencia a la dependencia en los en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Para ello ha dividido la provincia por áreas geográficas en seis lotes. Cuatro empresas a través de concurso público ostentan la concesión y cubren el servicio que actualmente atiende a más de mil usuarios. Las cuatro empresas han participado en la reunión de hoy con Isabel Armario.
Con este nuevo programa, el personal técnico de Diputación podrá supervisar si las empresas adjudicatarias del servicio lo desempeñan de acuerdo a los pliegos de contratación, una iniciativa que fue planteada en un principio por el Consejo de Alcaldías, para dar respuesta a desajustes que hayan podido presentarse en la aplicación de los acuerdos.