La financiación autonómica destinada al funcionamiento de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) alcanzará los 338,2 millones de euros, lo que supone 175 millones más que este año y una subida del 107%. Detrás de este aumento extraordinario se encuentra un litigio fiscal relacionado con el IVA que afecta a la entidad y sus sociedades filiales.

La cantidad figura en el estado de gastos de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno de Andalucía.

El incremento contrasta con la evolución de los últimos ejercicios. En 2026, la RTVA contó con un presupuesto de 180,2 millones de euros, de los que 163,2 millones correspondían a la transferencia de explotación de la Junta. Esta última partida había crecido 3,1 millones respecto a 2025.

Ahora, la previsión de financiación autonómica prácticamente se duplica, aunque el Gobierno andaluz vincula expresamente la ampliación a las posibles obligaciones tributarias que se deriven de los procedimientos actualmente en disputa.

Un conflicto por el IVA explica los 175 millones adicionales

La justificación de la medida aparece en la disposición adicional vigesimosegunda del proyecto presupuestario, dedicada a compensar las desviaciones en el coste del servicio público audiovisual provocadas por contingencias fiscales.

El texto establece que los impuestos soportados por la RTVA o sus sociedades filiales que no puedan deducirse o recuperarse podrán considerarse parte del coste de prestación del servicio público, siempre de acuerdo con la normativa tributaria y los criterios administrativos o judiciales aplicables.

En concreto, la Junta pretende evitar que las operaciones actualmente en litigio sobre el IVA deterioren las cuentas de la radiotelevisión pública. La disposición señala que la ampliación extraordinaria se contempla para "evitar que esas contingencias fiscales afecten a su equilibrio financiero" y garantizar así la sostenibilidad del servicio público autonómico.

Esto significa que la importante subida presupuestaria no responde, según la justificación del Ejecutivo, a una ampliación ordinaria de los recursos para programación o producción, sino a la necesidad de afrontar las consecuencias económicas que puedan derivarse del conflicto tributario.

Deudas, intereses y devoluciones pendientes de Hacienda

El mecanismo previsto en las cuentas autonómicas también establece obligaciones de información para la RTVA y sus sociedades. La entidad tendrá que comunicar, a través de la Consejería de Presidencia, la contabilización de los costes relacionados con el litigio a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Entre los conceptos que deberán justificarse figuran las posibles deudas tributarias y sus intereses, la anulación de derechos de cobro correspondientes a devoluciones solicitadas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las provisiones contables relacionadas con procedimientos judiciales que todavía no sean firmes.

El proyecto exige que, antes de tramitar y abonar la transferencia extraordinaria, quede acreditada la situación vigente de las contingencias fiscales que afectan a la radiotelevisión pública. Por tanto, la consignación presupuestaria no implica automáticamente que la totalidad de los 338,2 millones se desembolse sin condiciones.

La operación también está relacionada con un préstamo anterior de la Junta

La disposición adicional incorpora otra cuestión relevante: la existencia de un préstamo concedido anteriormente por el Gobierno andaluz a la RTVA, relacionado con estas mismas contingencias fiscales.

La operación fue contemplada en la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, de Presupuestos de Andalucía.

El nuevo proyecto establece que, cuando se resuelvan los procedimientos tributarios, podrán exigirse las regularizaciones contables necesarias para garantizar la cancelación del saldo pendiente de dicho préstamo. De este modo, la financiación extraordinaria de 2027 también queda vinculada a la situación de las obligaciones económicas previamente asumidas por la entidad.

¿Qué ocurre si Canal Sur no necesita todo el dinero?

El texto contempla expresamente la posibilidad de que las necesidades económicas finales sean inferiores a las cantidades previstas. En ese caso, los fondos abonados que no se hayan utilizado para afrontar las contingencias fiscales deberán devolverse a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

También podrán anularse las obligaciones de pago que todavía estén pendientes si dejan de ser necesarias. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos será la responsable de supervisar el cumplimiento de estas condiciones y verificar que el dinero se destina a la finalidad prevista.

Este sistema de control resulta especialmente relevante porque el litigio fiscal continúa pendiente de resolución y el importe definitivo de sus consecuencias dependerá de los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes.