El decano del Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio, analiza el estado de la profesión y de la administración de Justicia, que considera que "no debe ser la sede en la que se depuren las responsabilidades políticas".
Pascual Valiente Aparicio (Cádiz, 1966) afronta en 2018 su cuarto año al frente del Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, una de las instituciones civiles más antiguas de la ciudad, fundada nada menos que en 1790 y que aglutina actualmente a más de 2.800 colegiados. La entrevista, al que fue el decano más joven elegido de toda la historia del Colegio, se desarrolla en una de las salas de la sede de la calle Tamarindos, a dos pasos de las Puertas de Tierra.
¿No piensa que el Colegio que representa, y a pesar del gran trabajo que lleva a cabo, no está suficientemente conocido entre la ciudadanía?
Es posible que muchas veces la ciudadanía no conozca lo que hacemos, es una labor que nos corresponde a los decanos y a las juntas de gobierno. Realmente cumplimos una función que, de una parte, es muy interna, todo lo relacionado con los colegiados, y de otra una función externa, la representación de todo nuestro colectivo ante la sociedad, las instituciones y las administraciones. Ahí es verdad que tenemos una tarea pendiente, como es la de difundir nuestra actividad, que va destinada, ni más ni menos, que a las libertades y derechos de los ciudadanos, que es importantísima.
Cuando se habla de la Justicia, a muchos les parece una institución anclada en el pasado y de difícil acceso.
La Justicia guarda una formalidad y un rito que verdaderamente no es moderno, por el propio hecho de utilizar las togas, o el lenguaje particular y propio, pero eso no es un elemento que separe, sino que caracteriza a una profesión que tiene ese rito. Personalmente no soy contrario a seguir manteniendo estas tradiciones en cuanto a las formas. Lo que sí es verdad es que quizás haya que hacer un esfuerzo para que el ciudadano no vea que estas formas y ritos suponen una separación de la Justicia con la sociedad.
Entre esas formas, el farragoso lenguaje jurídico.
Bueno, al final las sentencias tienen que ser comprensibles. No es solo el lenguaje jurídico, porque parte de ese lenguaje son expresiones propias de la ciencia jurídica, que son las que son y no se pueden cambiar. Lo importante es que el contenido, el fondo, lo que se está resolviendo, pueda ser comprensible y ahí sí es verdad que pueda no serlo para el ciudadano, porque toda sentencia tiene como destinatario al ciudadano, no a los profesionales.
Cuando usted era candidato a decano, afirmaba que el Colegio de Cádiz necesitaba cambiar para mejorar los servicios que prestaba a sus colegiados. ¿Lo ha conseguido en estos tres años?
Estamos en ello. Creo que deben ser mis compañeros quienes valoren si lo hemos conseguido o no, pero estamos en ello y hemos empezado por una transformación digital que va dando sus frutos. Hoy tenemos una biblioteca digital que permite que los colegiados puedan acceder, desde su despacho, a las bases de datos del colegio, a libros digitales... Hay ya un camino que hemos empezado y que está dando sus frutos.
¿Está satisfecho con la retribución que el Ministerio de Justicia destina al turno de oficio?
Absolutamente no, pero esa retribución no la presta el Ministerio, sino que es una competencia transferida, y en Andalucía es la Junta y su consejería de Justicia la que presta esta retribución. Pero no, no estamos en absoluto satisfechos, está muy por debajo de las cantidades que razonablemente deberían retribuirse, teniendo en cuenta que el trabajo que se presta es de una extraordinaria calidad, con un esfuerzo y una dedicación que se merece que esa retribución sea acorde con ese esfuerzo del abogado.
"El trabajo que se presta el turno de oficio es de una extraordinaria calidad, con un esfuerzo y una dedicación que se merece una retribución, por parte de la administración, acorde con ese esfuerzo del abogado"
¿En qué situación se encuentra el turno de oficio?
El turno de oficio se puede analizar desde diferentes perspectivas. Una, la del servicio que se presta a la ciudadanía, y desde esa perspectiva estamos en un momento muy bueno, porque la formación que tiene el abogado del turno de oficio es de una magnífica calidad. Para acceder al turno hace falta pasar por unos cursos de formación que son muy extensos y prácticos y además tener más de tres años de antigüedad, por lo que el abogado tiene una sólida preparación. Los colegios, que somos los que prestamos el servicio, creemos que el grado de satisfacción es muy alto. Luego está la prestación que hace la administración de Justicia, que desde el punto de vista de gestión administrativa también es óptimo. Ahora mismo, las retribuciones de la consejería de Justicia están al día, cuando antes se tardaban años en pagar al abogado de oficio. En general, el momento es bueno. Lo peor, que las retribuciones no son acordes al trabajo que realizan los compañeros.
¿Y en qué repercute eso?
No repercute en la calidad del servicio, sino en que son los abogados los que soportan, a cargo de su trabajo, una retribución que resulta insuficiente.
¿Qué otros problemas arrastra la profesión?
Pues los mismos que arrastra la administración de Justicia, que los padecemos los abogados y nuestros clientes. Por un lado, la falta de medios materiales y humanos de los juzgados, que hacen que determinadas jurisdicciones tengan unos atrasos tremendos. El atraso al final hace que los que están pendientes de una resolución o sentencia esperen años en ver resuelto su caso. Faltan jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, funcionarios y juzgados para que el servicio sea el correcto. Por otro lado están los problemas derivados de la situación económica de la sociedad, y estamos en una zona donde la actividad económica está muy depauperada, desgraciadamente. Al final, la abogacía tiene problemas relacionados con el ámbito de la sociedad en la que nos desenvolvemos.
¿Esos problemas hacen que la Justicia sea lenta?
Es lenta, porque hay muchos procedimientos y pocos jueces.
Una de las grandes lacras de la provincia, además del paro, es el narcotráfico, y 2017 fue especialmente preocupante en este aspecto. ¿Hay suficientes medios, tanto de jueces como de fiscales especializados para luchar contra ella?
En general los medios jurídicos afectan por igual. El proceso penal es el proceso penal y la falta de medios de Justicia afecta por igual a todos los procedimientos. Y los procedimientos penales derivados del narcotráfico son muy complejos, porque generalmente hay multitud de personas y organizaciones, y eso exige una mayor dedicación y hacen falta mayores medios.
"Faltan jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, funcionarios y juzgados para que el servicio al ciudadano sea el correcto"
Ni Cádiz, ni Jerez ni Algeciras cuentan con una Ciudad de la Justicia. ¿Es concebible?
No es concebible en modo alguno. Es una necesidad, porque a largo plazo supone un ahorro de costos que es importante; supone que al ciudadano y a los profesionales se le pueda atender sus asuntos sin que tengan que dar vueltas por distintos desplazamientos y además redunda en una mejor prestación de un servicio público, como es la Justicia. Hay que prestarlo en calidad, y esto exige unas sedes dignas, unificadas, amplias, con medios materiales... En fin, como tiene Hacienda, lo que pasa es que no se invierte en Justicia como se invierte en Hacienda. Yo siempre digo que no se invierte porque no es igual de rentable. La administración de Justicia no produce rendimiento como sí lo produce la administración tributaria, pero tienen que darse cuenta los políticos que al final, lo que se presta, es un servicio que es importantísimo para el ciudadano. Porque alguien que ha sufrido un despido no puede estar meses esperando a que se celebre su juicio. Los abogados, además, tenemos una visión que no tienen el resto de profesionales de la justicia, como son los jueces y los fiscales, porque los abogados vivimos el asunto con el cliente. A quien llama el cliente es al abogado, no al juez, y esa relación próxima e inmediata no es igual. Hay una frase que repetimos siempre, y es que el abogado vive del conflicto y en el conflicto. Quizás hay que plantearse reformas legislativas para que los procedimientos no tarden tanto.
¿La Justicia es igual para todos o para todos aquellos que se la puedan permitir?
La Justicia es igual para todos, yo creo positivamente eso, porque creo que en España, afortunadamente, la justicia gratuita permite que no tengamos que distinguir entre quienes se la pueden permitir y no se la pueden permitir. A partir de aquí es como todo en la vida, quizás el que tenga más siempre sale ganando, pero eso no es solo en la Justicia.
En su día, una encuesta publicada por La Sexta reflejaba que el 93% de la ciudadanía española no piensa eso.
Yo creo que en eso se ha avanzado mucho, y ahí están los últimos ejemplos de la lucha contra la corrupción, que está poniendo en los juzgados a personas que hace 25 o 30 años no era concebible que fueran juzgados o incluso cumpliendo pruebas de prisión. Eso es demostrativo de que la Justicia empieza a ser igual para todos. Tanto desde el punto de vista del tratamiento que tienen los jueces con respecto a los justiciables, que es igual, como desde el punto de vista del derecho de los justiciables a acceder a la tutela judicial.
Pero el ciudadano no entiende como, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, familia del Rey, aun con una pena de prisión de más de seis años, solo tenga que ir a firmar una vez al mes a un juzgado.
Al final hay que hablar con sentencias firmes, porque mientras no lo sean en España no es extraño que se demore el cumplimiento hasta que la sentencia sea firme. Yo estoy convencido de que, cuando la sentencia sea firme, se va a cumplir en sus estrictos términos sin distinguir quién tiene que cumplirla.
"La Justicia es igual para todos, porque creo que en España, afortunadamente, la justicia gratuita permite que no tengamos que distinguir entre quienes se la pueden permitir y no se la pueden permitir"
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, abogó por la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal porque, desde su punto de vista, la actual “está pensada para el robagallinas, pero no para el gran defraudador”. ¿Piensa igual?
La verdad es que no estoy en su mente ni por qué dijo eso. La ley de enjuiciamiento criminal tiene distintos procedimientos. Es verdad que tiene un procedimiento de diligencia urgente o juicio rápido que permite enjuiciar, en muy poco tiempo, determinados delitos menores cometidos de manera flagrante. Entonces, la percepción que tiene la ciudadanía es que al sujeto que detienen y juzgan por un delito menor, la consecuencia de tener que cumplir una pena se produce en mucho menor tiempo que en el ejemplo que ha puesto usted antes de Urdangarín. Al final, todos pensamos de alguna manera que esa ley de enjuiciamiento criminal da respuesta con mayor eficacia a delitos menores que a delitos mayores. Puede ser, pero quizás también porque de alguna manera los delitos de mayor gravedad son muchos más complejos, con una instrucción más compleja y un proceso oral más complejo.
¿Necesita modernizarse la Justicia a todos los niveles?
Sí, sí que lo necesita, aunque se está modernizando. La Justicia está poniendo los primeros pasos hacia una Justicia digital para ahorrar tiempo y costes, y ese es el camino.
Lo cierto es que hay gente que prefiere no litigar con tal de no verse, meses o años, esperando a un juicio. Algo falla.
Estoy totalmente de acuerdo en que algo falla. Es desesperante para muchos ciudadanos el tiempo que necesitan para que la Justicia le de una respuesta.
¿Está desapareciendo la presunción de inocencia?
No sé si está desapareciendo, pero desgraciadamente, con ocasión de la repercusión mediática de muchos asuntos, el ciudadano asimila una detención a una responsabilidad que aún no ha sido declarada. Ahí también la prensa debe tener un papel importante, de respetar la presunción de inocencia como valor fundamental de nuestro sistema jurídico-penal.
¿Un político que sea investigado debería dimitir de su cargo?
Yo creo que el simple hecho de ser investigado no le inhabilita, porque entonces acabaríamos con la presunción de inocencia. Desde el punto de vista jurídico yo creo que no hay elementos suficientes. Otra cosa es el tipo de delito por el que se le esté investigando y en función de los indicios que haya, que puedan hacer de alguna manera ver un grado de participación evidente, que hay veces que pasa. Pero por temas de procedimientos que se inician por denuncias de otros partidos políticos y que al cabo del tiempo se demuestra que no ha existido un delito, me parece un exceso absoluto que el político tenga que dimitir.
¿Está politizada la Justicia?
Yo digo que los jueces no, que creo que es lo que más le debe de interesar al ciudadano. Los jueces españoles son absolutamente independientes de cualquier concepción política. Si la Justicia está politizada a los niveles propios del Gobierno o del poder judicial, yo creo que está politizada como lo está toda la sociedad.
"El político no es que se sirva de la Justicia, yo creo que en ocasiones está pendiente de resoluciones judiciales para depurar responsabilidades que son políticas"
Y el político, ¿se sirve demasiado de la Justicia?
El político no es que se sirva de la Justicia, yo creo que en ocasiones está pendiente de resoluciones judiciales para depurar responsabilidades que son políticas, y en ese sentido creo que no debiera de confundirse el grado de responsabilidad político y judicial y en ese sentido la Justicia no debe ser la sede en la que se depuren las responsabilidades políticas.
Uno de los presos más mediáticos en la provincia ahora mismo es Pedro Pacheco. ¿Cree que, en cierta medida, está pagando su célebre frase de “la Justicia es un cachondeo”?
Pues no lo sé. Lo que sí creo es que a Pedro Pacheco le ha tocado ser de los primeros políticos que han empezado a notar en su propia persona el que la Justicia está llegando donde antes no llegaba, a aquellos que antes parecían intocables, como políticos, empresarios o banqueros. Que haya influido esta frase, no lo sé.
En Jerez, gran parte de la sociedad piensa que, básicamente por lo que ha sido condenado, por enchufar a varias personas, es excesiva la pena.
No conozco a fondo la calificación jurídica del delito, pero en todo caso, las condenas en España de determinados delitos son bastante altas. En España la ciudadanía tiene la percepción de que las penas son bajas, pero hay veces en los que la sanción es mucho más grave que la percepción que tenemos de lo que jurídicamente se denomina el desvalor de la conducta. En el caso de Pacheco probablemente esté pasando eso.
Se ha reabierto, tras el hallazgo del cadáver de Diana Quer, el debate de la no derogación de la prisión permanente. ¿Qué opinión le merece esto?
En España casi siempre pasa que las opiniones se vierten en función de situaciones que se han producido con cierta inmediatez. El tema de la prisión permanente revisable parecía que no estaba generando mucho conflicto, ni en el sentido de los que lo defendían, ni en el sentido de los que lo querían quitar, y se ha vuelto a reabrir con un tema de actualidad. Siempre se dice que no se debe legislar en caliente, lo que ocurre es que a veces hay que aprovechar los momentos fríos para no dejarlos pasar y legislar. A mí, personalmente como jurista no me gusta. No soy partidario de ella, pero puedo comprender que haya personas que hayan tenido una pérdida irreparable en unas condiciones gravísimas y que aspiren a que los políticos mantengan una pena como esta.
¿Por qué no le gusta?
Creo que la prisión permanente revisable debe ser sustituida por la mayor pena de prisión que pueda establecerse. No es lo mismo que a uno le condenen a 30 años que sin fecha de caducidad, por así decirlo. Yo creo que tal y como están las penas en nuestro país, que además tienen un fin resocializador, una cosa es que la pena dure mucho y otra cosa es que sea permanente o revisable.
"La cárcel desgraciadamente creo que no reinserta o reinserta poco. Lo que reinserta son las salidas progresivas de los reclusos para adaptarse otra vez a la vida en sociedad"
¿La cárcel reinserta?
Poco. Desgraciadamente creo que no reinserta o reinserta poco. Lo que reinserta son las salidas progresivas de los reclusos para adaptarse otra vez a la vida en sociedad, gracias a los permisos. Por eso los abogados somos defensores de estos permisos penitenciarios, que son derechos que existen además en nuestra legislación penitenciaria para que el recluso pueda ir adaptándose a la vuelta desde la prisión a la sociedad.
Sin embargo, fue un recluso de permiso el que asesinó el pasado enero a un joven en una discoteca de Medina. ¿Quién o qué falló aquí? ¿El abogado, el juez, el sistema…?
Nadie. Lo que es inevitable es que determinadas personas sigan cometiendo delitos, porque al final hay personas que no se reinsertarán, pero habrán cumplido su pena y tendrán que salir y desgraciadamente podrán seguir cometiendo delitos. Esta es una realidad que no tiene solución, ni en España ni en ningún país del mundo. Siempre ha habido gente mala, y en estos casos no hay que buscar responsabilidades.
¿Hay gente que no se reinserta nunca?
Nunca. Incluso teniendo posibilidades, porque el sistema se lo ofrece, y es una realidad. Hay temas que no tienen solución y desgraciadamente hay gente que es delincuente y seguirá siéndolo.
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