Desde el pasado sábado 28 de mayo, los establecimientos que no permitan a sus clientes el pago en efectivo pueden ser sancionados. Así lo recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su última modificación garantiza el pago en efectivo en cualquier negocio.
En concreto, entra en vigor el artículo 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 noviembre, que incluye el reconocimiento de infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores. Este artículo modifica el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre infracciones en materia de defensa de los consumidores, al contemplar como infracción la "negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".
De forma generalizada, esta infracción será considerada leve, aunque podría pasar a ser grave o muy grave bajo ciertas condiciones, como aprovecharse de necesidad de determinados productos o servicios, ser reincidente en la práctica o producir alternaciones sociales graves, injustificadas y previsibles, entre otras.
La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscilan entre los 150 y los 10.000 euros, "pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido". En el momento de aprobación del Real Decreto-Ley, la Plataforma Denaria aplaudió esta iniciativa de garantizar el derecho de los consumidores de pagar en efectivo y la aplicación de sanciones a los establecimientos que se nieguen a aceptar esta modalidad de pago.
De hecho, esta semana, la plataforma ha organizado una jornada con el título de El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera, donde los ponentes han coincidido en poner en valor el "esencial" papel que el efectivo cumple en el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía.
"En estos momentos el capital circulante es más alto que nunca y, además, no hay que olvidar que en el mundo hay 1.600 millones de personas desbancarizadas, con lo que no podemos plantear debates sobre el efectivo sin tener en cuenta que existen importantes segmentos de población, como en el ámbito rural, cuya actividad diaria depende del efectivo y, por lo tanto, quedarían totalmente excluidos", destacó la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), María Valldecabres.
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