En el Guerguerat, una franja de territorio de once kilómetros situada al sur del Sáhara Occidental, en la frontera con Mauritania, se sitúa el origen del conflicto iniciado entre el Frente Polisario —que gobierna la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)— y Marruecos. Los saharauis bloquearon el paso hacia Mauritania a finales de octubre al entender que el gobierno marroquí llevaba tiempo incumpliendo el acuerdo de paz firmado en 1991. Marruecos considera la zona entre el puesto y la frontera como tierra de nadie y el Polisario lo considera territorio propio. La región, considerada prohibida para los ejércitos de ambas partes, está bajo control de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), la fuerza de cascos azules que lleva casi tres décadas sobre el territorio para organizar el referéndum de autodeterminación pactado, pero nunca realizado.
“Marruecos ha seguido haciendo todo tipo de fechorías, alterando el mapa social de la población a través de grandes oleadas de colonos, algo contrario al derecho internacional, violando derechos humanos y explotando y esquilmando los recursos naturales”, asegura Mohamed Zrug, representante del Frente Polisario para Andalucía, en declaraciones a lavozdelsur.es. “El Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui”, abunda Zrug, “y durante los últimos años ha alertado de los peligros derivados de la escalada de violencia vivida en la zona”.
Las Fuerzas Armadas de Marruecos se desplegaron en el Guerguerat para garantizar la circulación hacia Mauritania, un país con el que los marroquíes mantienen intensas relaciones comerciales y hacia donde destinan recursos naturales obtenidos en el Sáhara Occidental. Tras varias semanas de bloqueo, Marruecos respondió a las “provocaciones” del Frente Polisario, que gobierna la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y que informa de que se estaban manifestando “pacíficamente”, en lo que consideró “una agresión directa contra el pueblo saharaui”, que requiere la “legítima defensa de la soberanía e integridad territorial de la RASD”.
“Volvemos al punto de partida, al 6 de septiembre de 1991, cuando se firmaron los acuerdos de paz”, sostiene Mohamed Zrug, representante del Frente Polisario en Andalucía, quien asiste con pena a los acontecimientos desarrollados en el Sáhara. “El Frente Polisario, bajo una fuerte demanda del pueblo saharaui, no ha tenido más remedio que defenderse”, reseña, declarando el estado de guerra para “defender la parte liberada y exigir responsabilidades a la ONU”, aunque no espera grandes movimientos ni de este organismo, ni por parte de España o de la Unión Europea.
“No se puede culpar al pueblo saharaui de no dar facilidades para lograr la paz”, expresa Zrug, quien asegura que “el Frente Polisario llevaba años advirtiendo públicamente de que este día llegaría, ahora cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Es lamentable que no se lo hayan tomado en serio las mismas potencias que han menospreciado al pueblo saharaui creyendo que es incapaz de defender a su país”. Y señala a dos países: “Francia y España tienen que ser conscientes de que jalear a un régimen déspota y colonial —en referencia a Marruecos— no puede llevar a resultados distintos a los que se ha llegado”. En la declarada guerra, el Polisario ha bombardeado posiciones del Ejército marroquí y éste, a su vez, está cogiendo como rehenes a saharauis, según el relato de Zrug, a los que está “torturando y encarcelando”.
La Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas) asegura que el pasado viernes, 13 de noviembre, “Marruecos rompió el alto el fuego firmado en 1991 con un ataque militar en la brecha ilegal en Guerguerat ante los civiles saharauis que protestaban pacíficamente. Marruecos abrió ilegalmente esta brecha para facilitar el tránsito y la exportación de productos y bienes que a diario expolia a los saharauis de su país, el Sáhara Occidental. Ante estos lamentables hechos, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y nuestro apoyo al Frente Polisario, su único representante legítimo”.
“La inoperancia de la ONU es debida a la presión que los aliados más firmes del régimen marroquí ejercen sobre esta organización. Imponen sus propios intereses económicos y geopolíticos, en detrimento de los derechos legítimos del pueblo saharaui. Especialmente sangrante resulta la postura de los Gobiernos españoles desde 1977 que, eludiendo las responsabilidades que le corresponden como potencia administradora, se han plegado a los intereses marroquíes y han actuado en contra del derecho internacional y de los derechos humanos”, critican desde Fandas, que hace un llamamiento a las instituciones, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a las ONG y a la sociedad en general para que “se movilicen pidiendo al Gobierno andaluz, al Gobierno español y a la ONU una intervención rápida y decidida, que ponga fin a la ocupación ilegal y al expolio de los bienes del territorio del Sáhara Occidental, y restituya los derechos arrebatados al pueblo saharaui”.
El Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, está dividido en este conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dirige Arancha González Laya, ministra independiente aunque más cercana a los postulados socialistas, señalaba el pasado viernes en un comunicado “la importancia de la estabilidad en esta región estratégica, eje clave entre África y Europa”. El Ejecutivo mostró así su apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas para garantizar el respeto del alto el fuego en el Sáhara Occidental. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por su parte, pidió en redes sociales la celebración “sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
“Estos últimos días España ha realizado gestiones en este sentido apelando a la responsabilidad y la contención”, indicaba el Ministerio, instando a ambas partes "a retomar el proceso negociador y a avanzar hacia una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable”. Una respuesta que criticaron desde la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (Fedissah), pidiendo al Gobierno que abandone “falsa neutralidad” en el conflicto y que se implique en lograr “una responsabilidad histórica y política y una obligación moral y ética”. Mohamed Zrug, representante del Frente Polisario para Andalucía, agrega que “España puede jugar un papel decisivo, no a favor del pueblo saharaui, sino de su propio prestigio y a favor de legalidad internacional”. “España se ha alineado directamente con la parte agresora, provocadora, y ha jaleado el aventurismo colonial en Sáhara occidental”, añade.
La federación considera “especialmente sangrante” la postura "del Gobierno de coalición y de todos los Gobiernos de la democracia", por eludir "las responsabilidades que le corresponden como potencia administradora”, ya que entiende que los Ejecutivos que han gobernado España “se han plegado siempre a los intereses marroquíes, actuando contra el derecho internacional y permitiendo la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental”. Para la Fedissah, se demuestra el “miedo” que tiene la diplomacia española a Marruecos con una cifra: “En lo que va de año ha dejado emigrar a 8.000 inmigrantes a las costas de Canarias”.
En un comunicado conjunto, las asociaciones Amal Esperanza, de El Puerto; Sáhara Libre, de Rota; Al Sayf, de Puerto Real y Cádiz Saharauia, reseñan que en el Guerguerat, “a pesar de ser zona vetada, Marruecos lleva años pasando por esa franja mercancías expoliadas ilegalmente en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, para sacar por Mauritania todo aquello que, por ser robado a los saharauis, no puede salir por otro sitio”. “Cuando la población saharaui, hace tres semanas, decidió protestar pacíficamente ante tan grave incumplimiento de los acuerdos de paz, los grandes defensores de las causas mundiales pidieron al Polisario que controlara a la población… ahora sí, ahora que los manifestantes cortaban el tráfico ilegal de materias usurpadas en territorio ocupado, ahora se reclama al pequeño, al débil, que haga algo por mantener la situación”, se quejan. El conflicto, parece, no ha hecho más que empezar.
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