Dolores G.M., pensionista, tenía contratado un seguro de asistencia médica con Mapfre desde 2009, y aunque cada año le notificaban una subida, a partir de la renovación de 2016 no le indicaron cambio alguno. Sin embargo, le aplicaron un incremento en las cuotas mensuales, algo que volvió a repetirse en los dos años siguientes.
Ella trataba de reclamar por su cuenta, sin éxito: "Como ustedes bien conocen, la afectada les ha formulado reiteradas reclamaciones al respecto", afeaba la primera reclamación interpuesta por Facua Málaga, en octubre de 2018. Como afeaba también que la asegurada ni siquiera había recibido las condiciones relativas a su póliza, ni en el momento de su contratación ni para informar de las subidas. En la respuesta de Mapfre se justificaban, ahora sí, los incrementos, y se negaba la mayor: según afirmaban, Dolores había sido informada en tiempo y forma.
La intervención de Facua Málaga ha frenado el abuso que estaba cometiendo Mapfre con una pensionista: subirle la prima de su seguro médico de forma desorbitada sin informarle de cómo ni por qué. Tras ser elevado su caso a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Asuntos Económicos, la aseguradora ha devuelto a esta asociada cerca de 2.000 euros.
Como respuesta a esta actitud, el equipo jurídico de la asociación malagueña dio el siguiente paso a comienzos de 2019: presentar una reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el organismo estatal competente. Con los mismos argumentos de fondo, una fundamentación jurídica con la acostumbrada solidez y un nutrido anexo de documentos.
En las alegaciones, Mapfre insistía ahora repetidamente en que le había facilitado la información después de llegarle la reclamación conducida por FACUA. Ahora no hacía mención de habérsela dado antes. En realidad, si lo hubiera intentado, no lo habría podido acreditar: simplemente no lo había hecho.
En su resolución, la oficina dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital emitía su veredicto. Entendía que los aumentos en las primas de los años 2016, 2017 y 2018 no habían sido comunicados en tiempo y forma. "Por tanto", concluía, "no deberían haberse aplicado" y "correspondería su reembolso". Si no, Mapfre incurriría en una infracción grave.
En todo caso, el ente recordaba que sus veredictos no tienen carácter vinculante y que no era competencia suya poner negro sobre blanco si Dolores había recibido o no la información. Ello sería más bien objeto de pesquisas judiciales. Mapfre ha preferido evitar este extremo y recientemente ha procedido a devolverle 1.971 euros cobrados de forma indebida.
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