“Rafael presenta un grado de discapacidad del 86% y se ha hecho un trabajo intenso de reconducir todas las conductas disruptivas, de auto y heteroagresividad que presenta, pero no se ha avanzado apenas, porque si bien se conseguía algún logro, después se daba un retroceso de nuevo en los objetivos propuestos, ya que presenta una complejidad en la manifestación de sus trastornos graves de conducta”. En estos términos se expresa la directora del Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Sevilla en un informe al que ha tenido acceso lavozdelsur.es.
El joven al que se refiere, Rafael Elías, padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) y tiene reconocido un grado III de Dependencia. Su familia lleva años solicitando su traslado desde la residencia San Sebastián que la Fundación Samu tiene en la localidad sevillana de Cantillana a un centro específico para personas con TEA, como contó hace unas semanas lavozdelsur.es. De hecho, es lo que recomienda la directora del CVO en su escrito, ya que su estancia en San Sebastián “hace casi imposible la intervención terapéutica” debido a las “variables del centro: estructura del edificio, nivel de ruido, elevado número de residentes, así como las interacciones que pueden darse entre ellos”.
La familia de Rafael, que ingresó en el centro de Cantillana en 2014, viene reclamando desde poco después de su ingreso su traslado a un centro especializado en el tratamiento de personas con TEA —preguntaron por la posible existencia de un centro de estas características en las provincias de Málaga y Cádiz sin éxito—, por eso acogieron de buen grado el anuncio de la apertura de la residencia Parsi de Sevilla. La legislación vigente da prioridad a los traslados sobre los nuevos ingresos en estos centros, de ahí que tuvieran fe en que Rafael ocupara una de las 14 plazas concertadas por la Junta de Andalucía.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía señala en un informe que “el trabajo terapéutico con él —Rafael— es muy complicado, debido a los cada vez más graves trastornos de conducta que presenta. Ha llegado a agredir a profesionales, en un mes se han contabilizado ocho partes al Juzgado por incidentes con personal”. Por todo ello solicita “con carácter extraordinario y urgente plaza concertada en un centro especializado en trastorno del espectro autista, mucho más idóneo para la persona dependiente, en el que reciba el cuidado y tratamiento necesarios para mejorar su salud”.
El informe emitido por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, adscrita a la delegación territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla, recoge declaraciones del educador del centro San Sebastián donde se encuentra Rafael. “Su nivel de frustración y ansiedad es alto, no tiene centro de interés y sus contextos son limitados. Su manera de expresarse es a través de la agresividad, su perfil es de autoagredirse, pero también ha agredido a profesionales”, señala.
Extracto del informe emitido por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
La psicóloga y el subdirector del centro apuntan que “es necesaria una persona auxiliar continuamente con él, siendo cada día asignada una persona especifica para su cuidado y vigilancia”. Este organismo, perteneciente a la Junta de Andalucía, propone “proceder a la tramitación del traslado de oficio a un centro mas idóneo”, en un informe que firman una trabajadora social y el jefe del servicio de valoración de la Dependencia.
Los padres de Rafael hasta iniciaron una campaña de recogida de firmas para solicitar su ansiado traslado. “Después de más de dos años y medio de solicitarlo dada su mala evolución y cuando finalmente hay plaza, se la niegan”, se quejan. “Rafael ha sufrido duramente las consecuencias de estar internado en un centro que carece de los recursos y formación específica de autismo que mi hijo requiere, solo queremos que nuestro hijo reciba el tratamiento adecuado a su discapacidad y frenar así el tremendo deterioro que sufre y el aumento de sus autolesiones”.
Las continuas solicitudes formales de la familia, de momento, no han fructificado. De hecho, la Junta llegó a transmitirles que la solicitud de traslado había caducado, pero fuentes de la familia señalan que "una solicitud no caduca, caduca el procedimiento, y en todo caso la Administración debe responder, por lo que sospechamos que se está actuando de manera contraria a la Ley". Por ello han interpuesto un recurso contencioso-administrativo. De momento, se han concedido algunas plazas de la residencia Parsi de Sevilla, aunque ninguna ha sido para Rafael, que está a la espera de que se resuelva su solicitud de traslado, que no es la única, ya que a la familia le consta que existen otras dos que aún no se han resuelto.
Lo "acordado" entre Autismo Sevilla y la Junta
La asociación Autismo Sevilla es quien ha impulsado al creación de la residencia Parsi, concertada con la Junta de Andalucía, a la que llegó a pedir en un comunicado remitido a los medios de comunicación que respetara “lo acordado” antes de la firma del concierto y que las 14 plazas se destinen a nuevos usuarios y no sean ocupadas por personas trasladadas desde otras residencias.
“Creemos que sacar a estas personas del centro en el que ya se encuentran no es lo más adecuado. Hemos puesto a disposición de la administración nuestro centro de recursos, con 120 profesionales y 100 voluntarios en los que hemos invertido mucho, con el objetivo de poder orientar, asesorar y formar a los profesionales de estos centros y que existan más recursos y centros que den una respuesta adecuada a las personas con TEA”, decía Mercedes Molina, presidenta de la asociación.
“Si finalmente se confirma que se harán varios traslados, la mitad de nuestras solicitudes no podrán ser atendidas, cuando la residencia se ha levantado con el esfuerzo de los padres y madres de Autismo Sevilla a los que habrá que decirles que sus hijos no tienen plaza”, señalaba Molina, presidenta de una asociación que atiende a 1.800 usuarios y cuenta con unos 200 socios en una provincia que tiene a unas 15.000 personas con autismo.
“No sabemos qué acordó la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, pero no podemos aceptar que se obvien los criterios legales de adjudicación de plazas en pro de favorecer los intereses privados de una asociación que representa a menos de un 2% de las personas con autismo de la provincia”, respondían los padres de Rafael, que siguen esperando que se resuelva su solicitud.
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