“A mí me han destrozado la vida, me han quitado a mis cuatro hijos y ya no tengo derecho a ser madre. No soy apta, me los quitan todos. No lo entiendo”, dice María Crespo (El Puerto, 1992), una joven que lleva años luchando por poder ver a sus hijos. Hace seis años que no lo consigue. “Mi historia da para un libro”, dice cuando atiende a lavozdelsur.es en la vivienda de la barriada Icovesa de Jerez donde reside ahora. Una historia contra la Administración por lo que considera una “injusticia”, y es que sobre ella pesa una condena de cinco años de prisión que puede empezar a cumplir en cualquier momento. “Lo mismo no llego a Navidad”, expresa, aunque ingresar en la cárcel “es lo que menos me importa, lo peor es que si entro pierdo la tutela de los niños y van en adopción”.
La madre de María era drogadicta, motivo por el que ella, cuando con apenas 16 años se quedó embarazada de su primera hija, estuvo tutelada por la Junta de Andalucía hasta que cumplió la mayoría de edad. La primogénita de María, que ahora tiene once años, está ahora ingresada en una residencia infantil de Chipiona. “No me dejan verla”, expresa su madre. La niña, desde pequeña, se ha criado con su abuela, aunque hace un mes que está en el centro chipionero tras los supuestos abusos que sufrió por parte de la pareja de su madre de acogimiento.
“Supuestamente me quitaron a los niños por desamparo”, expresa María, que residía en El Puerto, pero luego se trasladó a Jerez, a una vivienda que le compró la madre de su actual pareja. “Los informes médicos estaban bien, los niños estaban sanos, iban al colegio…”, explica, por eso no entiende que se los retiraran. Durante las dos primeras semanas pudo visitarlos, “pero empezaron a decir que sufrían malos tratos, me prohibieron las visitas y no los he vuelto a ver”. La tercera de sus cuatro hijos, tenía dos años, y el pequeño, apenas once meses.
María, con su cuñada Cristina al fondo, en el salón de su vivienda. FOTO: MANU GARCÍA
“Nos están acusando sin pruebas, si tengo que pagar que sea por algo que he hecho”, señala María Crespo, que está condenada a cinco años de prisión como cooperadora necesaria por un delito continuado de abusos sexuales a menores, junto a su actual pareja como autor. Además, la condena incluye diez años de libertad vigilada cuando cumplan la pena de prisión, la prohibición de aproximación a menos de 200 metros y de comunicación con la pequeña supuesta víctima de los hechos —a la que deben indemnizar con 6.000 euros—, y la inhabilitación de la patria potestad durante seis años. La decisión está recurrida al Tribunal Supremo, que debe pronunciarse en los próximos meses.
La sentencia, emitida el pasado 7 de junio por la sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, absuelve a su vez a María y a su pareja de un delito leve de lesiones, a ambos, y de un posible delito de exhibicionismo, en el caso de él. Entre los hechos probados recoge que, en torno a abril de 2014, el condenado “se introducía en la cama junto a la menor, y le realizaba tocamientos en la zona vaginal, a la vez que le decía a la menor que le tocase a él sus genitales excitándose con ello y satisfaciendo sus instintos sexuales”.
“En estos episodios —continúa la sentencia—, la acusada María Crespo, presente también en la cama, agarraba a la menor, tirándole ésta pellizcos, mientras el acusado le realizaba los tocamientos. Estos tocamientos mutuos a la menor los llevaba a cabo también el acusado en la bañera mientras se bañaba”. La joven niega los hechos y asegura que la niña, que tenía tres años cuando se produjeron los hechos condenados, “solo se lo dijo a una psicóloga en una habitación sin cámaras, es lo único que tienen contra mí, una historia inventada”.
La sentencia señala que se dispone “como prueba de cargo del testimonio de un testigo único, el de la víctima, que adquiere un carácter preponderante, de suma importancia”, aunque reconoce que “en la presente causa esa prueba tiene especial complejidad al tratarse de una menor de tres años”. “El testimonio de la menor no ha podido ser objeto de valoración de credibilidad por ser escaso a tales efectos”, agrega, y también que la perito de Márgenes y Vínculos, la entidad encargada de realizar el seguimiento a los menores tras su retirada por desamparo, “señaló que su declaración —de la pequeña— tenía certeza y respondía a situaciones vividas dada la verbalización de palabras como coño, toto, cunina, picha, pichorra que su papá le tocaba, que se le ponía grande, que le dolía, que le salía sangre y la realización de actos que no son normales sean dichos por una menor”.
Cristina, durante la conversación con lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA
El testimonio de la madre acogedora —“a los diez días aproximadamente de tener a la menor con ella de forma espontánea empezó a contarle que su papa José le tocaba el toto y su madre le agarraba”— también sirve a la Audiencia Provincial para determinar que existieron abusos sexuales. Y añade: “La versión de los acusados, aunque se muestran seguros y contundentes, no resulta objetivamente creíble porque rechazan de forma exagerada la posibilidad de que la menor durmiera con ellos, incluso que estuviese en la cama ni que la bañara el acusado, lo que en la vida cotidiana es normal y natural que en alguna ocasión ocurra, no entendiéndose esa reticencia sino como una forma de eximirse de culpabilidad”.
Cristina Joya, cuñada de María y hermana de su actual pareja, asegura que “con tres años es imposible que una niña diga lo que ponía el informe y que use esas palabras, como cunina… que ni yo sabía lo que significa eso”. Ella estaba presente cuando acudieron a la vivienda a llevarse a los dos pequeños, que tenían entonces dos años y unos pocos meses, respectivamente. “María y mi hermano fueron a comprar, llamaron a la puerta y cuando abrí había por lo menos ocho policías nacionales y personal de la Junta, cogieron a la niña y me tiraron del brazo porque tenía al niño en brazos. Al final lo solté para que no lo lastimaran”, explica. “Fue el peor día de mi vida”, cuenta Cristina, “y eso que mi hermano ha estado a punto de morir y mi madre también ha estado mala… pero el peor día fue ese”.
Nada más nacer la cuarta hija de María, los servicios sociales intentaron retirarle a la pequeña cuando aun estaba en el hospital, pero su madre se negó. “No los dejé”, dice la joven, que agarró con fuerza a su niña, con la que estuvo “escondida” durante un año, por lo que tiene un juicio pendiente acusada de un supuesto delito de sustracción de menores. “Pero un juez me obligó a entregarla”, dice. De eso hace seis años, el tiempo que hace que no ve a sus hijos pequeños. Los tres menores se encuentran en situación de preacogida en Sevilla.
Un detalle de las manos de María, mientras conversa con lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA
“Los niños no estaban descuidados ni mal alimentados, se los retiran por encontrarse en situación de pobreza”, señalan fuentes jurídicas conocedoras del caso a lavozdelsur.es, “habría que ayudar a estas familias y no retirárselos”. Estas mismas fuentes añaden que “los condenados sostienen que todo ha sido un montaje para quitarles a los niños” y que “no ha habido pruebas suficientes que desvirtúen el principio de presunción de inocencia”, ya que demasiada relevancia a los testimonios de la perito de Márgenes y Vínculos y de la madre acogedora. María se queja, de hecho, de que “los testigos que llevé al juicio no aparecen en la sentencia, como si no hubieran ido”.
“Estoy muy tranquila porque no he hecho lo que dice la sentencia”, señala María, que está moviéndose por todos los medios para que se conozca su historia. “Ya he hecho una manifestación y el 3 de diciembre hago otra en Cádiz”, explica, “a ver si alguien me escucha y revisan mi caso para que no tengamos que tragarnos cinco años de cárcel”. Ahora, la joven trabaja en un pub por las noches después de dejar un empleo fijo en El Puerto por la presión social. “Llevaba tres años en una tienda de chucherías, pero todo el mundo conocía mi historia y me preguntaba, me fui de allí porque todo el mundo hablaba y había quién me miraba mal”, señala.
La delegación territorial de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz, consultada por lavozdelsur.es, señala que “la forma de discrepar de una condena es recurriéndola a instancias superiores; pero son hechos probados”. Además, se limita a decir que“el desamparo de los niños, que también recurrió, no se resolvió a su favor tanto en primera como en segunda instancia, así que es firme”. La batalla judicial le ha costado, de momento, algo más de 3.000 euros a María, que es lo que lleva abonado a su abogado, ya que ninguno de oficio quiso hacerse cargo de su caso. “Al principio no sabía que tenía que tomar acciones legales y me dicen que es que no quería luchar por mis hijos… es que era tan joven que estaba muy perdida”, agrega. “Es surrealista”.
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