De acuerdo con las cifras que maneja la comisión de la mujer del Parlamento Europeo, cada día alrededor de 50 mujeres son asesinadas —siete en ellas en la UE— en episodios de violencia machista. Aun así, los Veintisiete no disponen por el momento de ningún instrumento vinculante a nivel europeo diseñado específicamente para proteger a mujeres y niñas.
La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato Martín, ha enviado un escrito a los fiscales delegados de violencia de género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia machista.
A partir de ahora “las y los fiscales deben solicitar medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos e hijas, aun cuando las víctimas no las interesen”. Los fiscales pedirán la instalación de dispositivos telemáticos, cuando no se solicite la prisión provisional, en situaciones de “riesgo extremo”, “alto” o “medio de especial relevancia”.
A los efectos de valorar en toda su amplitud la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia de la Mujer a varios partidos judiciales, la fiscal les pide que informen antes del día 15 de febrero, “sobre las posibilidades, ventajas y desventajas de la comarcalización en vuestras provincias y áreas a fin de que por el Fiscal General del Estado se haga la propuesta que más se adecue al respecto”.
En el escrito, la fiscal, recuerda que “en las últimas semanas se ha registrado un elevado número de feminicidios en los que en muchas ocasiones se habían producido denuncias previas por violencia de género. En concreto, en el mes de diciembre de 2022, de los 12 feminicidios confirmados a fecha de hoy, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o expareja finalmente asesinada”.
De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses; en otras dos ocasiones los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados. En los otros dos casos, con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas.
“Si analizamos los feminicidios ocurridos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, resulta que en el 42,85% de los supuestos había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la Orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación)” manifiesta la fiscal en su escrito.
Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el n.º de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados.
Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género.
“Debe recordarse que la orden de protección (art. 544 ter -2 de la LECrim) puede ser interesada por el/la Fiscal aunque no lo solicite la víctima y que debemos ser proactivos en orden a procurar la máxima protección de las mujeres y de sus hijas e hijos, todos víctimas de esta violencia, extremando la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales y de hecho y solicitando la práctica de las diligencias que se precisen no solo para la acreditación de los hechos delictivos, sino también para la determinación del riesgo a que estén sometidas, entre ellas la valoración forense del riesgo”.
Al hilo de esta pericial y la escasa aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo, la fiscal hace una serie de precisiones.
La primera es que “si bien es cierto que contamos con la valoración de riesgo policial que se lleva a cabo en el sistema VIOGEN, sistema que está siendo objeto de revisión continua a efectos de mejorar la predicción del riesgo, esta valoración, aunque puede resultar de gran valor, no siempre es suficiente”.
Carencias
“En muchos casos necesitaríamos, para mayor certeza y seguridad, la valoración forense del riesgo y para ello del auxilio de las unidades de valoración integral forense que no existen en todos los partidos judiciales”.
La fiscal dice a sus compañeras que hay que “seguir insistiendo en que se dé cumplimiento a la medida 135 del Pacto de Estado contra la violencia de género, es decir, en su implantación en todas las Comunidades Autónomas, con dotación suficiente de personal especializado y que pueda auxiliarnos en las guardias de los juzgados de violencia sobre la mujer a este y a otros efectos, la ampliación de la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer (JVM) a dos o más partidos judiciales”
La fiscal también pide que se adopten “las medidas que fueran precisas para no repercutir en las víctimas los inconvenientes que de ello se puedan derivar, puede ser una medida que garantice que éste y otros recursos especializados sean accesibles para todas las víctimas por igual, y que fiscales, jueces/as, abogados/as contemos en la guardia con el auxilio pericial que garantice una mayor eficacia en nuestras actuaciones en orden a la protección de las víctimas y la exhaustiva investigación de los delitos”.
Esta posibilidad fue prevista también en el Pacto de Estado (medida 123). Potenciar la especialización y la comarcalización de órganos judiciales fue uno de los acuerdos a los que se llegó el pasado 30 de diciembre entre el CGPJ, la ministra de Justicia y el fiscal General del Estado.
También se acordó potenciar el uso de los dispositivos telemáticos de detección de la proximidad, acuerdo que es conforme a la posición mantenida de forma reiterada en las conclusiones alcanzadas en diversas jornadas de fiscales especialistas ."Por todo ello en esa labor de coordinación y colaboración propia de nuestras funciones (arts. 70 y ss. de la L.O. 1/2004 y 20 EOMF), llevéis a cabo las ss. actuaciones:
"Recordar a los y las Fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género el deber de intensificar nuestra actuación proactiva de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para enervar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio".
“A cuyo fin, tras valorar toda la información que resulte de los registros- SIRAJ, VIOGEN y otros- deberán solicitar las diligencias que se precisen en orden a la determinación de ese riesgo con mayor exactitud, en concreto la valoración forense del riesgo. En relación con la práctica de la prueba debemos recordar la Circular 3/2003 de 18 de diciembre, sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la orden de protección que se remitió a la C. 2/1995 de 22 de noviembre, sobre nuevo régimen procesal de la prisión preventiva, en la que se estableció que ha de admitirse la proposición de prueba que sea necesaria y trascendental y que pueda practicarse en el plazo de las 72 horas".
“En aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo “Extremo” “Alto” o “Medio de especial relevancia” interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas (505.3.c de la LECrim). De igual manera, si en el curso de la tramitación del procedimiento resultara una agravación del riesgo (deducible por las Valoraciones de Evolución del Riesgo Policial, informes forenses, por la declaración de la víctima, por incumplimientos de la medida cautelar acordada o por el resultado de otras diligencias), salvo que proceda acordar la prisión provisional, se solicitará la instalación del dispositiv¡o.
“Cuando así proceda, cuidarán de que esta petición se lleve al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación (art. 57 del CP) para el caso de que se dicte sentencia condenatoria. 3. A los efectos de valorar en toda su amplitud la posibilidad de extender la jurisdicción de los JVM a varios partidos judiciales, intereso que informéis, en todo caso antes del día 15 de febrero, sobre las posibilidades, ventajas y desventajas de la comarcalización en vuestra provincias y áreas a fin de que por el Excmo. Fiscal General del Estado se haga la propuesta que más se adecue al respecto".
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