Los problemas en la sanidad pública andaluza ya no son simples proclamas de la oposición. Las cifras de las listas de espera en el Servicio Andaluz de Salud dejaron claro que el problema era real y que la Junta de Andalucía iba a tener que poner medios para buscar una solución. Ahora, el Defensor del Pueblo se ha sumado a las críticas sobre el funcionamiento del SAS.
Jesús Maetzu, Defensor del Pueblo Andaluz, ha presentado esta semana el informe de la institución del año 2023. El documento recoge un total de 9.6000 protestas de la ciudadanía, una cifra que supone un aumento del 12% con respecto al año pasado. Sin embargo, dentro de esas quejas, la sanidad es sin duda el ámbito más destacado.
El número de reclamaciones que han llegado a Maetzu sobre el funcionamiento de la sanidad andaluza se ha incrementado un 58%. En total han llegado 1.150 qujas más que en el año anterior sobre "los retrasos en tiempos de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica, principalmente".
En el marco de la entrega del Informe Anual 2023 de la Institución al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y, en coincidencia con el 40 aniversario de la creación de este comisionado parlamentario, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido "las demoras en las administraciones públicas". En particular, ha hecho hincapié en los "retrasos" en el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a la dependencia, la valoración de la discapacidad y el bono de alquiler.
Asimismo, ha concretado que según el balance, en 2023, han sido más de 15.500 consultas atendidas, cifra solo superada en 2020 como consecuencia de la atención prestada por las consecuencias de la COVID. En total, junto a más de 600 acciones de promoción de derechos, el Defensor ha señalado que acometió unas 30.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que requirieron su intervención.
El 56% de estas acciones estuvieron relacionadas con la dignidad de las personas y, de ellas, dos de cada tres afectaron a población vulnerable. En particular, a cuestiones relacionadas con dependencia y servicios sociales, discapacidad, infancia, personas mayores, vivienda, extranjería o prisiones, entre otras.
También ha lamentado que "un año más vuelven a ser reiterativas las denuncias que muestran la desesperación e indignación por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones (ingresos de subsistencia, ayudas a la dependencia, valoración de la discapacidad, bono de alquiler, etc)". Igualmente, ha resaltado "la imposibilidad de contactar con los responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles".
Al hilo de lo anterior, el Defensor ha solicitado a la Administración una "verdadera política de cuidados" para los colectivos vulnerables y ha llamado la atención sobre la protección normativa y las políticas públicas singulares para las personas mayores, entre las que ha subrayado una especial protección para las que viven en residencias por "el apartamiento indecente que padecen".
Comentarios