Doñana y sanidad, sanidad y Doñana. Son los dos temas que marcan la agenda de la política andaluza en 2023 y ambos han vuelto a monopolizar el debate parlamentario. El Partido Socialista ha presentado una Proposición No de Ley en favor de la Atención Primaria en la que se votaban diferentes medidas. Entre ellas, la retirada de la famosa orden con tarifas para concertar servicios sanitarios con empresas privadas.
Esta figura parlamentaria no es vinculante. Es decir, su aprobación no significa que el Gobierno tenga que ejecutar las medidas. Sin embargo sí que tienen un fuerte carácter político y simbólico. Esta iniciativa no ha salido adelante porque la mayoría absoluta del Partido Popular y Vox han votado en contra.
Hay que señalar que la consejera de Salud, Catalina García, ha estado presente en el debate a pesar de no poder participar en él. Como suele ser habitual en este tema, las izquierdas han ido por un lado mientras que PP y Vox han tirado por el opuesto. El debate llegaba en un momento especialmente relevante ya que hace dos días el SAS y los sindicatos volvieron a reunirse para llegar a un pacto por la Atención Primaria pero tras diez horas de encuentro no hubo acuerdo.
Además, se unen las diferentes cuestiones que atañen al personal del Servicio Andaluz de Salud. En primer lugar un documento que Salud ha remitido a los facultativos para que renuncien al acuerdo que limitaba sus agendas. Por otro lado existe la incertidumbre de los 11.000 sanitarios que acaban contrato el próximo mes de junio. A todo ello hay que sumar la denuncia que ha realizado durante estos días Izquierda Unida en la que se asegura que la Junta está despidiendo personal sanitario. Además, PSOE y Por Andalucía han registrado una propuesta para que se celebre un debate sobre sanidad.
La propuesta contemplaba principalmente la retidada de la orden, aunque también mencionaba cuestiones como la accesibilidad al médico en 48 horas, establecer una ratio de 1.200 pacientes por médico en la Atención Primaria o aumentar la plantilla administrativa para agilizar los trámites.
La encargada de defender esta iniciativa ha sido la diputada socialista María Ángeles Prieto, quien ha negado los argumentos de la Junta sobre la "mejor sanidad" de España. Entre los reproches socialistas están las adjudicaciones de contratos a dedos a centros privados o la no renovación de los 8.000 sanitarios hace algo más de un año. "Han aprovechado la pandemia para financiar la sanidad privada y no la pública", ha afirmado Prieto.
Más dura ha sido la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora. La andalucista ha pedido directamente a Catalina García que dimita porque está "incapacidatada" para resolver una situación "al borde del colapso". More ha añadido que García "falta el respeto al parlamento, a los pacientes y a los sindicatos" al no cumplir lo que propone, en referencia a las agendas acordadas. "No se va a utilizar, pero se niegan a retirarla", ha comentado sobre la orden mientras pedía a la responsable del SAS que le diera paso a otro equipo en la consejería.
El tono de Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha sido más conciliador, aunque en un discurso lleno de reproches. "No digo que no hagan nada, pero lo hacen en la dirección contraria", señalaba sobre las medidas que ha adoptado la consejería. "Les viene grande y no asumirlo nos aleja de la solución", espetaba al mismo tiempo que ha lamentado que las partes implicadas no hayan encontrado el sitio con el que comenzar a avanzar.
Poco más de dos días para lograr cita, según Moreno
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había hecho una defensa de su gestión durante la sesión de control en su debate con Juan Espadas. Moreno ha ha defendido que "mejorar la gestión es hacer 50 infraestructuras sanitarias y ejecutadas"; entre ellas, siete hospitales, ocho ambulatorios y 14 centros de Atención Primaria, según ha destacado, así como es "contar con 125.000 profesionales sanitarios, 30.000 más que hace cuatro años", y que "el tiempo medio de espera para ser atendido por un medico de familia se ha reducido más de la mitad desde diciembre de 2021 hasta 2,3 días, que es el dato oficial de ahora" en Andalucía.
Este último dato ha sido puesto en duda por el PSOE durante el debate de la PNL. De hecho, la parlamentaria socialista ha asegurado que la espera está en siete, diez o quince días. Una cifra que ha sido impugnada más tarde por Rosa María Fuentes, la oradora del PP. Fuentes ha respondido señalando que el Gobierno andaluz actúa para que la espera sea inferior a 48 horas mientras ha rechazado que se estén privatizando los servicios.
La consejera niega presiones a los médicos
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha dicho en el Parlamento que "no presionan a los facultativos ni a ningún otro empleado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que renuncien o acepten cualquier condición en su puesto de trabajo", toda vez que ha reprochado al PSOE que vengan al Pleno "a compararse con ellos" cuando "no nos llegan ni a la suela del zapato" en la gestión en sanidad.
Así ha respondido la consejera a la pregunta planteada en el Pleno por el socialista Víctor Manuel Torres, quien durante su intervención ha recordado que el pasado 25 de enero se anunciaba que el SAS llegaba a un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para limitar las agendas de los facultativos en primaria. Pero ahora, añade, el SMA "denuncia presiones para incumplir ese acuerdo, hablando incluso de coacciones", y como "no reconozco en usted esa actitud de matonismo ni de coacciones, me gustaría que nos aclarase que ha pasado con esta situación".
Torres, ha recordado que la consejera reconocía en la pasada comisión del 19 de abril que "no había sido afortunado el documento que se había mandado a los distritos" para que los profesionales dejaran constancia de si decidían voluntariamente no modificar sus agendas y ha criticado que lo justifique "como una muestra de la libertad en la que cree el PP". "Seguramente es misma libertad en la que cree Díaz Ayuso, de la que están últimamente copiando todo", ha manifestado.
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