El pasado martes, la consejera de Salud, Catalina García, comparecía en el Palacio de San Telmo para anunciar nuevas medidas con las que hacer frente a las listas de espera que existen en la comunidad. El número de andaluces que espera una operación ha vuelto a aumentar entre junio y diciembre, como confesó la propia García a la hora de exponer las medidas de la Junta. El objetivo es reducir un 18% las listas de espera totales y un 60% el número de personas que está fuera del plazo de garantía y supera el año esperando entrar en quirófano.
El nuevo plan, de 280 millones, incluye 120 en contratos a dedo con empresas privadas. Desde Salud aseguran que es la última opción y que sólo se recurre a ella cuando el sistema público está al 100%. Sin embargo, y aunque la Junta defiende que el porcentaje presupuestario de conciertos es el menor de la historia, se trata de una práctica que se ha repetido desde 2019, año en el que el Partido Popular llegó al Gobierno. En total, los acuerdos con la sanidad privada en los últimos cinco años ya ronda los 2.000 millones de euros.
El recurso del plan de choque comienza a ser habitual en la Junta de Andalucía. Jesús Aguirre durante el primer año de Gobierno ya anunció una derivación de 25,5 millones. También durante el mandato de Aguirre se acordó un pago a las Clínicas Pascual de 711 millones.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2022 se produjo uno de los movimientos más polémicos. El Servicio Andaluz de Salud dio a dedo 242 millones a clinicas privadas haciendo uso de la legislación extraordinara aprobada durante la pandemia a pesar de que este marco legal ya había sido derogado por parte del Gobierno de España. Entonces, la Junta volvió a argumentar que estas derivaciones tuvieron se llevaron a cabo para reducir las listas de espera por el aumento que provocó el colapso sanitario durante el covid. El argumento sigue siendo el mismo ya que la pandemia fue una de las razones que esgrimió Catalina García hace unos días.
A lo expuesto hay que añadirle otras partidas más recientes. Salud puso en marcha un acuerdo marco de 734 millones de euros para las clínicas privadas durante los últimos meses de 2023 a los que posteriormente hubo que añadir 30 millones en otro acuerdo para salud mental. La Junta también llegó a otro acuerdo de 44 millones con Pascual al mismo tiempo que desistió en los tribunales a exigir la devolución de 123 millones.
La portavoz de Por Andalucía ha asegurado que "esto es un modelo" antes de señalar que "el señor Moreno Bonilla nos toma por tontos" por la reiteración en buscar el auxilio de la sanidad privada para afrontar y ha esgrimido la coincidencia de una amplia contestación social, profesional y sindical para reclamar el destino de más recursos a la sanidad pública.
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