Un imputado en los ERE que habría recibido 450.000 euros ilegalmente, en busca y captura

El juez cree que el empresario investigado "habría participado en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión" y era "conocedor" de que estas ayudas se otorgaban al margen de la ley

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Luis Alberto Cornide López fue directivo de Abantia Ticsa S.A. y está siendo investigado por la "obtención ilícita" de 450.000 euros concedidos como ayuda por parte de la Junta de Andalucía. La última vez que se tuvieron noticias sobre él, fue el pasado 11 de octubre, cuando pidió comparecer mediante videoconferencia desde Vigo tras un correo electrónico que le envió la Guardia Civil citándolo judicialmente como investigado.

Tras aquella comparecencia, es citado de nuevo el 19 de diciembre para que declare telemáticamente, como él mismo había solicitado. Pero en esta ocasión, el empresario no da señales de vida. No contesta a las múltiples llamadas telefónicas y aunque se agotan todas las vías para localizarlo, acaba resultando imposible.

Según el diario ABC, la Guardia Civil baraja entre sus pesquisas que pueda estar vivienda en la ciudad alemana de Frankfurt. José Ignacio Vilaplana, juez instructor en el Caso ERE, ya ha dictado el auto que ordena la "búsqueda, detención y personación", con la advertencia del delito de quebrantamiento de medida cautelar y desobediencia a la autoridad.

Director de Recursos Humanos de Abantia Ticsa, en 2010 esta empresa para la que trabajaba Cornide López solicitó una ayuda de 1,6 millones de euros a la Junta, con la justificación de la grave situación económica de la compañía. Un mes después, el ex director general de Trabajo, Juan Márquez, les concedió 450.000 euros para los complementos salariales de los trabajadores.

Aunque estos fondos públicos iban destinados al cese temporal del empleo y a los sueldos de 155 trabajadores, "en el otorgamiento de las ayudas hay al menos 46 personas que no se encontraban afectados por los ERTE". Según el auto, "ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones". El juez cree que el empresario investigado "habría participado en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión" y era "conocedor" de que se otorgaban al margen de la ley.

 

 

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