La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado este jueves en el Parlamento que los desahucios han descendido un 45,2% en Andalucía durante el primer trimestre de 2026 respecto a 2025, según datos que ha atribuido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El debate en comisión ha estado marcado por la crisis de acceso a la vivienda y por la muerte de Maricarmen, un caso llevado por la oposición al Parlamento. De hecho, la sesión ha comenzado con un minuto de silencio.

Frente a las críticas recibidas, Díaz ha rechazado que exista un aumento de los desalojos en la comunidad, como le decían los partidos de la oposción. "No ha habido incremento de desahucios en Andalucía". La consejera ha reclamado rigor en el uso de las estadísticas y, aunque ha defendido la reducción reflejada por los datos que maneja, ha reconocido que queda trabajo por hacer. Buena parte de su intervención se ha dirigido contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Díaz ha recordado que Sánchez prometió en 2015 que no habría desahucios con un Ejecutivo socialista y ha asegurado que, desde su llegada al Gobierno, se han producido más de 270.000 en España. También ha incidido en que las competencias sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos corresponden al Estado.

La Junta cuestiona los efectos de la ley estatal

Díaz sostiene que la ley estatal de vivienda ha generado efectos perjudiciales sobre el alquiler al reducir, a su juicio, la seguridad jurídica de los propietarios y retraer parte de la oferta. "No hay seguridad jurídica con la ley de vivienda estatal". Según las cifras expuestas por la consejera, casi 400.000 viviendas habrían desaparecido de la oferta de alquiler en España desde 2018. También ha citado informaciones que apuntaban a la retirada de 6.500 viviendas de los portales inmobiliarios durante la semana anterior, coincidiendo con el proceso parlamentario de los dos decretos de vivienda.

La responsable autonómica ha defendido especialmente el papel de los propietarios particulares. Según los datos que maneja, el 96% de las viviendas alquiladas en Andalucía pertenece a particulares, frente al 4% en manos de empresas. "Y ese 96% en manos de propietarios privados no lo podemos demonizar, porque son necesarios".

También ha criticado que el Consejo de Ministros vuelva a impulsar los dos decretos a través de la Diputación Permanente tras la convocatoria electoral. Díaz lo ha calificado de "hacer trampas" y ha defendido que debe darse voz a los ciudadanos a través de las Cortes.

Vivienda protegida, ayudas y avales

Frente al modelo estatal, la Junta reivindica una política centrada en incrementar la oferta de vivienda asequible, movilizar suelo y potenciar la colaboración público-privada. Díaz ha asegurado que Andalucía ha superado las 18.300 viviendas asequibles y ha multiplicado por cuatro la promoción de vivienda protegida desde 2019. El Plan de Vivienda de Andalucía 2026-2030 (acordado para la legislatura con Vox) contempla, según ha recordado, 20.000 nuevas viviendas y la rehabilitación de otras 22.000.

Para jóvenes de entre 18 y 35 años, la Junta cuenta además con una convocatoria de ayudas al alquiler dotada con 24 millones de euros. Las ayudas alcanzarán 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, hasta 6.000 euros, para alquileres de 2027 y 2028. Díaz también ha defendido el programa Garantía Vivienda Andalucía, que acumulará 80 millones desde su puesta en marcha y con el que, según sus cifras, 3.090 jóvenes han comprado su primera vivienda. A ello se añade, ha dicho Díaz, la prevista reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al 6,75% en 2027 para viviendas de segunda mano, una medida que la consejera calcula que beneficiará a casi 147.000 andaluces. Pese al enfrentamiento político durante la comisión, Díaz terminó apelando a la cooperación para abordar la crisis residencial y expresó su aspiración de que Andalucía lidere la construcción de vivienda protegida en España.