La Junta de Andalucía no está dispuesta a que un posible Gobierno de Pedro Sánchez se traduzca en beneficios económicos a Cataluña. En realidad, ni la Junta de Andalucía, ni el resto de gobiernos autonómicos del Partido Popular. Sus presidentes hicieron del debate en el Senado un día para hablar de los décifits ecónomicos y de infraestructuras de cada comunidad autónoma.
El argumento general no fue en contra de que se perdonara la deuda a Cataluña, como se está especulando, sino de que al resto también se les perdone. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, llegó a advertir de que si a la Generalitat se le condonaba el triple de deuda que a Andalucía, los andaluces iban a terminar pagándolo con dinero que debe ir para sanidad y educación.
Lo cierto es que, aunque Sánchez logre sacar adelante la investidura es previsible que tenga una legislatura complicada. En primer lugar porque Junts, aunque se enmarca en el bloque que puede apoyar a Sánchez, es un partido conservador y eso dificultaría dar luz verde a las medidas progresistas de un Gobierno de PSOE y Sumar.
A ello hay que sumarle que el poder territorial está en manos del Partido Popular. Tras el último ciclo electoral, los barones populares representan a territorios que contienen al 70% de la población. Entre ellos dos de los tres más poblados como Andalucía y la Comunidad de Madrid. La propia María Guardiola, presidenta de Extremadura, advertía de que un nuevo ejecutivo podría durar apenas unos meses o dos años.
Los barones del Partido Popular se ha unido con un argumento claro. Buscarán todas las vías legales para evitar que la investidura suponga privilegios a Cataluña. Ya no se circunscribe a la amnsitía, sino también a asuntos económicos. Juanma Moreno fue uno de los presidentes que lideró esta cuestión. El andaluz ha anunciado que "Andalucía utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para evitar agravios y discriminación entre españoles", al igual que hizo con el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno o la Ley de Vivienda.
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