"Había una batalla con los tres alcaldes, dos han estado en la cárcel y sólo falta la señora García Pelayo"

Lourdes Montenegro, ex empleada del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), ha denunciado este pasado jueves ante el tribunal que juzga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel en 2004 el acceso a los archivos de su ordenador para hacerle "daño" a ella y a su tío, el exalcalde Pedro Pacheco, por la "batalla" política que tenía éste con el PP.

Montenegro, que se enfrenta a siete años de cárcel, ha comenzado indicado a las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, que en varios momentos de su etapa laboral, coincidentes con las fechas de los hechos que se están enjuiciando, se encontraba de baja laboral y que durante el periodo activo fue ocupando distintos puestos, sustituyendo a otras compañeras.

En este sentido, ha explicado que en el departamento de administración del organismo público estuvo tan sólo seis meses en 2004 y que allí tuvo que aprender "cosas de contabilidad" y de seguimiento de facturas porque no tenía experiencia en esta materia. Ha destacado que la única relación que tuvo con lo proveedores era la de "cogerles el teléfono", ya que la entonces interventora del IPDC, Milagros Abascal", no les quería "atender".

"Largas" a los proveedores

Preguntada sobre si ella era la encargada de pagar las facturas, ha contestado rotundamente que "jamás, nunca", que sólo resolvía por teléfono las dudas de las empresas que tenían pendientes algún cobro y que se les "daba largas" porque había retrasos en los pagos.

No obstante, la fiscal Concepción Nicolás le ha mostrado una carta que iba dirigida a Montenegro relacionada con una factura de las empresas del líder de la Gürtel, Francisco Correa, pero la acusada ha defendido que se trata de una situación excepcional: "Pues sería yo la que hablaría con la empresa y me la mandarían a mí, pero será la única (factura)", ha dicho.

Con todo ello, ha afirmado que no conoce cómo se realizó la adjudicación de las empresas de la Gürtel para organizar la presencia del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ya que tan sólo participó en el expediente para la edición del año siguiente. En esta línea, ha dicho que si se cambió la empresa adjudicataria que en años anteriores había realizado estos servicios en favor de Correa, lo acordaría el departamento de Turismo que estaba controlado en ese momento por Antonio Gómez y el exconcejal y delegado del IPDC Bernardo Villar (PP). "Supe de la magnitud con posterioridad a la celebración de Fitur por lo que decía los periódicos, que la ciudad se conoció fuera de las fronteras con el baile de caballos", ha destacado en referencia a uno de los eventos que se preparó en la Plaza Mayor de Madrid en el marco de la presencia de Jerez en la feria de turismo.

Su tío Pacheco "dudaba" de la adjudicación

Asimismo, ha añadido que no tenía relación con "nadie" en el Ayuntamiento porque "era la última mona allí", pues era la sobrina y ahijada del exalcalde Pedro Pacheco, del Partido Socialista Andalucista con quien el PP tenía un acuerdo para que María José García Pelayo —cuya causa por estos hechos está pendiente de si se reabre— pudiese gobernar. Así, ha dicho que cree que los 'populares' mantenían su puesto en el IPDC para "no quebrar el pacto", aunque considera que estuvo apartada de toda la documentación relacionada con Fitur 2004, porque su tío ya "dudaba" de la adjudicación.

Asimismo, ha señalado que sus claves de acceso al ordenador estaban escritas en un "post-it" por si algún compañero necesitaba entrar en él, ya que estuvo varias veces de baja. Ha agregado que se encontró el equipo "muchas veces encendido", pese a que el día anterior lo había dejado apagado.

Ante esta afirmación la fiscal le ha preguntado si sabe quién usó su ordenador y con qué finalidad, pero Montenegro no ha sabido concretar, aun enmarcado todo en un "tema político". "Había una batalla con los tres alcaldes de Jerez —Pacheco, García Pelayo y Pilar Sánchez (que denuncia estos hechos)—, dos de ellos han estado en la cárcel y sólo falta la señora García Pelayo. Y entonces por ese conflicto político y por hacerme daño a mí y a mi tío", ha aseverado.

Cambios en las carpetas y correos desaparecidos

Después ha declarado la interventora municipal Milagros Pérez, quien a preguntas de la defensa de Montenegro ha recalcado que puso en conocimiento del PP de García Pelayo que le estaban "registrando el ordenador" y que había "carpetas cambiadas de nombre" y "correos que habían desaparecido". La respuesta que recibió al respecto fue que la empresa municipal de telecomunicaciones Jesytel tenía acceso a todas las claves para poder solucionar las "averías" informáticas.

Pérez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide la misma pena que para Montenegro, sustituyó a Abascal durante su baja de maternidad y también ha destacado la "desconfianza" del equipo de García Pelayo hacia la gente cercana a Pacheco, entre ellas la propia interventora del Ayuntamiento. Ha recordado que se enteró que el PP la había cesado por la prensa y que eso fue la "gota que colmó el vaso", por lo que el acuerdo de gobierno se fracturó.

Por otro lado, la interventora ha asegurado que pasaron "desapercibidos" los informes que daban luz verde a la adjudicación de Fitur porque no vio ningún "error" ni nadie le llamó para "comentar, advertir o pedir opinión", como ha ocurrido con otros expedientes de contratación, y que se enteró de la existencia de presuntas irregularidad cuando se destapó el caso en 2009.

"Prioridad" en los pagos

Por último, ha comparecido ante el tribunal la interventora del IPDC Milagros Abascal —sólo se enfrenta a dos años de cárcel—, que ha dicho que tuvo conocimiento de las empresas vinculadas a la trama Gürtel a raíz de este procedimiento. Sobre la insistencia de los trabajadores de Correa reclamando el pago de los servicios prestados, Abascal ha explicado que existía un gran retraso en el abono y que por ello tenían "prioridad" las empresas con una cierta "antigüedad" y "los pagos subvencionados".

También aquellas empresas a las que Villar o la propia alcaldesa ordenaban que debían ser pagadas, como ocurrió con las de Correa, pues según ha recordado Abascal, García Pelayo le indicó en una reunión que le "tramitara el pago". Con Abascal ha concluido las declaraciones de los nueve acusados, para las que se han dedicado tres jornadas de este juicio, en el que el líder de la Gürtel se ha negado a contestar a las preguntas de las partes. El próximo 17 de junio se reanuda la vista oral con las declaraciones de los testigos, entre ellas la de la ex alcaldesa de Jerez.