"No podemos solos". Con esta frase, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tendía la mano a Pedro Sánchez y el Gobierno de España, pero también lanzaba varios reproches. La proposición de ley que afecta al Parque Nacional de Doñana y los regadíos de su entorno y la situación de sequía ha hecho que el medio ambiente vaya a ser, sin poder evitarlo, uno de los grandes temas de las próximas campañas electorales.
El líder del Partido Popular andaluz bautizó este ciclo de gobierno como la "legislatura del agua" debido a la importancia que tiene esto para Andalucía, la comunidad más importante de España en lo que respecta al sector primario. Nueve meses después de tomar posesión en su cargo, Moreno ve como su 'revolución verde' se tambalea por la iniciativa de Doñana, por lo que este martes ha pasado al ataque para exigir al Gobierno de Sánchez una actuación inmediata.
La Junta ha señalado que los embalses de la comunidad se encuentran al 29,2% actualmente. Algunos de ellos tienen un porcentaje mucho menor a este y hay zonas como la provincia de Almería donde el abastecimiento está seriamente en duda y no se descartan medidas restrictivas en los próximos meses.
Este caldo de cultivo ha provocado que la oposición que el Partido Popular viene haciendo desde la Junta se haya trasladado desde el terreno fiscal al terreno del agua. El mandato de Moreno comenzó con una batalla por los impuestos con la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reacción del Gobierno central con la aprovación de un impuesto contra las grandes fortunas. Precisamente, este martes el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso planteado por la Junta de Andalucía.
Poco antes de esta noticia, Moreno abría otro frente de manera clara: las infraestructuras hídricas. Moreno ha dejado claro en su comparecencia tras el Comité de Expertos contra la sequía que las competencias en materia de agua de la Junta sólo son del 33% en el territorio mientras que el Gobierno tiene el 67%.
Aun así, el presidente andaluz ha anunciado la movilización de 163 millones de euros de los cuales 40 serán ayudas para agricultores y ganaderos. Esta cantidad se suma a los 140 que la Junta ya había aprobado en los dos decretos de sequía anteriores.
"Urge un compromiso mucho mayor con las infraestructuras hidráulicas pendientes", ha enfatizado Moreno para agregar que eso pasa por "acelerar las inversiones necesarias para que Andalucía pueda contar con una garantía hídrica que dé mayores capacidades para garantizar agua no sólo a nuestra población, sino también a nuestros potentes sectores productivos", y ha aseverado que "cada año que pasa sin que el Estado acometa esas obras supone lastrar el presente y el futuro de nuestra comunidad" autónoma.
Moreno ha denunciado que, "frente a la situación de emergencia" en la que, a su juicio, se encuentra Andalucía, donde el Estado tiene competencias a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "nos encontramos sin ninguna respuesta" por parte del Gobierno. Por ello, desde la Junta que "asuma su responsabilidad en política del agua, en la modernización, eficiencia y gestión del agua, también en toda la cuenca del Guadalquivir", y ello "desde la máxima lealtad institucional", según ha puntualizado.
El comodín de la autonomía
Al igual que ocurrió con el Impuesto de Patrimonio, la Junta de Andalucía se ha escudado en la autonomía para defender la iniciativa del Parque Nacional de Doñana para legalizar hectáreas de regadíos. Una propuesta que, por otro lado, puede resultar contradictoria con la alerta de escasez de agua que se ha promulgado este martes desde la Junta.
No obstante, el Gobierno andaluz juega con esa circunstancia para presionar al Ejecutivo de Sánchez para que realice las obras hídricas pendientes como la presa de Alcolea o el trasvase Tinto-Odiel-Piedras. Sobre este último los socialistas se pronunciaron la pasada semana asegurando que el agua que llegaría de esa obra ya está adjudicada, por lo que no solucionaría ningún problema en la Corona Norte de Doñana.
Aun así, el portavoz del Gobierno Ramón Fernández-Pacheco ha vuelto a recalcar que la Junta va a defender su autonomía. Es algo en lo que ya hizo hincapié hace unos días cuando algunos titulares hacían referencia a un posible '155 ambiental'. El ministerio de Teresa Ribera lo desmintió a las pocas horas, aunque previamente había señalado que el Gobierno de España haría todo lo que estuviese en su mano para que esa ley no se aplicara.
Este martes, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz andaluz ha vuelto a insistir al preguntarse si el Gobierno tendría esta actitud "con otras comunidades autónomas", para apuntar que "son muy valientes con Andalucía" cuando "otras comunidades están en permanente desafío a la Nación" y su reacción es ser "dóciles y nunca levantan la voz".
Los periodistas le han preguntado por qué, si existe esa necesidad de diálogo y colaboración, la Junta no convoca la Comisión Bilateral, herramienta que ofrece el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en su respuesta el portavoz ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que "atacan con desdén" a Andalucía así como "el aire de superioridad". A esto ha sumado que "dos personas no dialogan si una no quiere", para colegir que "es muy grave tener que recurrir a su Estatuto de Autonomía" para ese diálogo bilateral.
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