La fiscal Palomar apunta que "el tuit no tilda de asesino a Utrera Molina sino que califica la ejecución a muerte de Puig Antich por un consejo de guerra, declarado por ley ilegal, como un asesinato". El escrito de Fiscalía señala que "al haber sido declarados ilegítimos los consejos de guerra por motivos políticos y carecer por ello de legitimidad [… ello] convierte a las condenas pronunciadas por dichos tribunales, desde la perspectiva actual democrática, en condenas arbitrarias y ejecuciones arbitrarias, al carecer de cobertura jurídica y convertir la ejecución a muerte en un hecho no justo".
El Ministerio Público, en el escrito enviado al juzgado, señala que "la participación y responsabilidad de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich se colige de que como miembro del consejo de ministros –en su calidad de vicepresidente y ministro del movimiento– revisó la pena de muerte de Puig Antich por mandato legal […] y, resultando que el Gobierno no condonó la pena de muerte y por ello no usó de la prerrogativa, […] la pena de muerte se ejecutó".
La fiscal Palomar apunta que "la responsabilidad de los acuerdos adoptados en los Consejos de Ministros se regula[ba] en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Estado […]: El presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en los Consejos de ministros". Sobre Utrera Molina expresa que "[de ello] se colige la responsabilidad, que entendemos política, de Utrera Molina en la ejecución a muerte de Puig Antich por cuanto fue responsable de la decisión adoptada […] y por ello participó con una responsabilidad política siendo el último eslabón por el cual la condena a muerte de Puig Antich se cumplió".
La Fiscalía señala que el mensaje de Teresa Rodríguez tiene "un valor de causa de justificación al ser necesaria para transmitir un pensamiento en un debate social abierto sobre un tema de interés público" y que cuenta "con una base fáctica. Palomar asegura que "vetar tal libertad supondría instaurar una suerte de censura y considerar hoy, desde la perspectiva democrática, que las ejecuciones a muerte consecuencia de las sentencias dictadas por los consejos de guerra considerados ilegales, constituyen un asesinato no se convierte en una expresión innecesaria para plasmar la opinión, ni tiene una intencionalidad vejatoria, sino de crítica política".
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