El titular del Juzgado central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

La decisión llega dentro del caso conocido como las "cloacas del PSOE", a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular unificada, que habían solicitado esta imputación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.

En una providencia, el magistrado ha aceptado la petición de ambas partes, que consideraban que González y Llamas habrían participado en una trama orquestada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en particular las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) llevaba a cabo. En cambio, el juez ha rechazado citar como investigado al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al entender que su conducta no era constitutiva de ningún tipo penal.

Tres reuniones y mensajes borrados, en el centro de la sospecha

La UCO sostiene que Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con Mercedes González —el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025— con el objetivo de que la directora "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. En una de las conversaciones recogidas en el sumario, la propia Leire Díez afirma sobre González: "Mi siguiente conversación será con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza". El general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, por su parte, declaró como testigo ante Pedraz que trasladó a González una nota sobre la operación de Díez contra la UCO y el teniente coronel Antonio Balas, calificando esa información como "fiable", aunque no reveló sus fuentes por ser "reservadas".

La investigación apunta además a un intercambio de mensajes entre Díez y González al día siguiente de que el diario El Mundo publicara una conversación de WhatsApp entre el expresidente José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, mensajes que posteriormente aparecen borrados. Según el informe de la UCO, citado en la causa, "el primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas".

La defensa de González en el Senado

La solicitud de imputación llegó después de que las acusaciones populares dieran por acreditado que entre González y Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea". Mercedes González, sin embargo, compareció el pasado 16 de junio en el Senado y negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Respecto al DAO Manuel Llamas, su citación se produce tras las declaraciones prestadas como testigos por varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que los agentes no se sintieron presionados. La acusación solicitó la imputación de los tres mandos —González, Llamas y Marcos— el pasado miércoles, aunque finalmente solo prosperó respecto a los dos primeros.

Además de las citaciones, el magistrado ha aceptado la práctica de otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo durante el periodo en que este letrado manifestó ser asesor jurídico de la formación, entre octubre de 2024 y junio de 2055. El juez ha señalado que deberá indicarse también el cargo que ostentaba dicha persona y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó.