Apenas dos semanas después de que la secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, anunciara a través de un vídeo la implantación del proyecto genoma del funcionario, una especie de Gran Hermano para monitorizar comentarios en redes y periódicos digitales de los empleados públicos de la Junta —con la excusa de hallar así los mejores perfiles laborales acordes a sus intereses—, el consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno andaluz, y todopoderoso Elías Bendodo ha negado esta iniciativa, afirmando que “ni hay nada sobre la mesa sobre este asunto, ni está incluido en el Anteproyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando”.
Es cierto que dicho anteproyecto no lo recoge, como han recordado los sindicatos, escandalizados por este planteamiento, pero no es menos cierto que Vielba en el vídeo lo daba por hecho, "hasta donde permitiese la ley", según venía a decir. Tras este arrebato negacionista, el hombre fuerte del Gobierno andaluz también ha negado la existencia de una cocina que sirva platos precocinados, como puso en evidencia esta semana lavozdelsur.es, para los intereses electorales del PP desde el Centra, el llamado CIS andaluz.
En el primer caso, como se ha dicho, la idea de la Junta de Andalucía era utilizar la inteligencia artificial para monitorizar la actividad y opiniones de los funcionarios andaluces en las diferentes redes sociales. Con todo ello se pretendía realizar un perfil de cada trabajador público y evaluar a partir de ahí el currículum, la capacitación, la formación e intereses de cara a la selección del candidato ideal para cada puesto en la Administración Pública.
Tanto la oposición como los sindicatos se posicionaron radicalmente en contra de esta medida catalogándola de Gran Hermano. Tras el rechazo generalizado, el portavoz del Gobierno ha descartado su puesta en marcha, a pesar de que este sistema partía de la Consejería que él mismo dirige.
Sin embargo, hay que insistir, esta no ha sido la única negación que ha realizado Elías Bendodo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado martes, que también se ha referido, a preguntas de este periódico, a la encuesta relámpago sobre la campaña de vacunación contra la covid publicada el pasado lunes por el Centra. En ella había cuestiones en las que el 90% de las respuestas se situaban entre los valores perdidos por el sistema, es decir, no se contabilizaban. Pese a que este organismo también depende de la Consejería de Presidencia, el portavoz no ha explicado los motivos de estos resultados, argumentando que “no había mirado la encuesta con tanto detalle”.
La respuesta choca con que durante el lunes se pudieran leer titulares en los que se afirmaba que el 64,8% de los andaluces culpabilizaban al Gobierno de Sánchez de la situación actual. Este 64,8% en realidad era un 7,4%, que se traduce en 59 personas de las 800 encuestadas debido a que nueve de cada diez respuestas en esta cuestión no fueron contabilizadas.
Estas lagunas metodológicas continúan sin explicación oficial y se suman a las críticas por el hecho de que recientemente en el Barómetro andaluz se preguntara por primera vez por candidatos que ni siquiera optan oficialmente al liderazgo de sus respectivos partidos y, en cambio, no se preguntase por una posible adversaria a Juan Marín, encarnada en la figura de la consejera Rocío Ruiz, para liderar Cs en Andalucía. Eso sí, lo que dejaba claro es que si hoy hubiera autonómicas en Andalucía, el PP iría camino de arrasar en las urnas.
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