La Fiscalía Anticorrupción pide la inhabilitación de la alcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero Flores, por un período de 12 años para cualquier cargo público y del que era su concejal de Servicios Sociales, José Hinojosa. A ambos se les acusa de un presunto delito continuado de prevaricación.
"Con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del preceptivo procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", la edil de IU contrató a 133 vecinos desde marzo de 2015 hasta septiembre de ese mismo año. Con contratos temporales y acuerdos ilicitos, amparándose en supuestas necesidades sociales de los contratados. Contratos que la misma Dolores Caballero formalizaba.
Los puestos para estos contratos son variados: peones de obra pública, servicio de limpieza, animadores, vigilantes de seguridad, jardineros, monitores de actividades recreativas, profesoras de formación profesional, peones agrícolas...
Como indica Anticorrupción, se advertía por la interventora de que no constaba, ni informe previo sobre la existencia de crédito para la contratación, ni confección de las bases de selección en las que se determinasen los trabajos a realizar, ni sistema elegido de selección, ni requisitos de los aspirantes, ni méritos a valorar y forma de acreditarlos, ni pruebas a realizar, según informa La Voz de Cádiz.
Entonces, no se elaboraron unas bases para la contratación, competencia del alcalde, ni hubo convocatoria anunciada en el tablón de anuncios ni en el BOP ni en el INEM. Por lo que se llevó a cabo un delito de prevaricación. Después de que la oposición denunciase los hechos, el Pleno del Ayuntamiento del 28 de diciembre de 2015, se aprobó una ordenanza reguladora de contrataciones de personas que se encontrasen en situación de necesidad siendo publicada en el BOP el 11 de abril de 2016.
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