El sindicato CGT ha ofrecido su versión de la realidad laboral docente en Andalucía con motivo del comienzo del curso escolar 2018-2019 en la comunidad, incidiendo en que, en el presente curso, se han suprimido 487 unidades entre Infantil y Primaria, suponiendo una pérdida de más de 1.000 docentes.
Asimismo, según un comunicado emitido por la central sindical, se recuerda que los conciertos educativos se "blindaron" por seis años el curso pasado, "con lo que la supresión de líneas por el descenso de natalidad va a repercutir únicamente en la educación pública, como viene sucediendo desde hace años".
Tras las movilizaciones del curso pasado, en las que la organización acompañó al movimiento de docentes andaluces en la defensa de sus reivindicaciones, CGT sostiene que inicia el nuevo curso "con las mismas peticiones de mejora para todo el colectivo y que han sido las que tradicionalmente defendemos".
"Los únicos compromisos que conseguimos a finales de curso fueron los del reconocimiento de nuestra interlocución, el compromiso de impulso desde la Consejería de Educación de Andalucía del proceso de negociación de un nuevo modelo de acceso y la revisión de datos después del proceso de oposiciones", subraya.
Terminado el procedimiento de ingreso a la Función Pública, y tras la reducción del horario lectivo a 18 horas en Secundaria para el curso 2018-2019, CGT sostiene que "se ha producido el enmascaramiento del ERE masivo del funcionariado interino, que se va a seguir dando en los próximos años si no se consolida un plan de estabilidad que garantice que quienes están se quedan".
Al haber este curso oposiciones de Infantil y Primaria con 2.500 plazas de estabilización, más las de reposición, aparece como objetivo inmediato, a juicio del sindicato, la posibilidad de instar al Ministerio de Educación a la apertura de ese proceso negociador sobre un nuevo modelo de acceso.
De esta manera, CGT continuará luchando por las demandas reclamadas por el colectivo de docentes interinos, como son el plan de estabilidad, la doble vía de acceso a la función pública, la no caducidad de las notas, la total equiparación laboral y el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal.
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