La Fiscalía de Andalucía ha abierto diligencias de investigación contra varios altos cargos de la Junta de Andalucía, el más importante el número dos del PP y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, por la denuncia sobre uno de los procesos de contratación extraordinaria abiertos por la Junta fuera de bolsa. En concreto, se trata de la convocatoria de plazas para 159 funcionarios interinos del 8 de julio.
Según el escrito presentado en Granada por Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, tanto Bendodo como Ana María Vielba, secretaria general de Administración Pública como Natalia Silvia Márquez, directora general de Recursos Humanos y Función Pública, habrían podido cometer un delito de prevaricación por este proceso.
El delito de prevaricación es, a grandes rasgos, tomar parte de una resolución injusta sin cumplir con los deberes procedimentales que sea injusta y a sabiendas de que lo es. La condena por este delito es de inhabilitación de hasta 15 años, tanto para ser elegido como responsable público.
Además, el escrito de la Fiscalía abre la posibilidad de continuar con más imputaciones, según se vaya conociendo en las futuras pesquisas de la investigación.
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La noticia ha sido adelantada por la periodista Noelia Acedo y el documento de la Fiscalía ha sido hecho público por Izquierda Unida. En estos momentos, tanto Bendodo como Vielva y Márquez entarían en condición de investigados en este proceso, del que no hay constancia que hayan sido ya notificados.
Además de una denuncia de Marea Blanca, que habría iniciado este procedimiento, había otras de varios colectivos y sindicatos por los citados procesos de contratación, llevados a cabo a menudo con menos de 24 horas de vigencia, sin aviso previo y con contratación por orden de llegada de solicitudes que cumplieran con los requisitos mínimos, lo que ha sido calificado por los denunciantes como "enchufes" en la administración.