El Gobierno de España finalizó el año anunciando una medida con la que pretendía 'revolucionar' el mercado laboral entre los jóvenes. Desde el 1 de enero hay obligación de que los estudiantes coticen en sus prácticas no remuneradas. Es decir, aquellas que forman parte del currículum educativo de la Universidad o de la Formación Profesional. No obstante, la medida entró en vigor unos meses antes para las prácticas universitarias.
La medida, aunque en cierto modo beneficia a un millón de becarios que cada año realizan horas para diferentes empresas para completar su formación, fue muy criticada a ambos lados del espectro político. El Partido Popular mostró su rechazo tajante desde las numerosas comunidades autónomas que gobierna en el país. Por su parte, sectores estudiantiles denunciaron que la medida no ponía solución a los problemas que surgen de las prácticas no remuneradas.
La primera pregunta es evidente. ¿Quién se hace cargo de estos costes? La norma puesta en marcha por el Gobierno lo deja más o menos claro. "El cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponderá a la entidad u organismo que financie el programa de formación, que asumirá a estos efectos la condición de empresario. En el supuesto de que el programa esté cofinanciado por dos o más entidades u organismos, tendrá la condición de empresario aquel al que corresponda hacer efectiva la respectiva contraprestación económica".
Según lo aprobado por el Gobierno, las empresas que tienen convenios con las universidades tienen que pagar estas cotizaciones. Las universidades mostraron su desacuerdo debido a que esto podía suponer que muchas empresas dejasen de colaborar en estas prácticas. Los rectores no tardaron en emitir un comunicado en el mes de mayo para rechazar este decreto ya que consideran que se trata de la impartición de una asignatura más, aunque se desarrolle fuera del área. "Nos preocupa cómo se podrán gestionar las prácticas vinculadas a las administraciones públicas", expresaba el comunicado.
En cualquier caso, con el inicio del curso la Junta salió al rescate a través de la Consejería de Universidades con un convenio para establecer "criterios claros y precisos para la inclusión en el Sistema de la Seguridad Social de estudiantes universitarios que participen en programas de formación a través de prácticas formativas o académicas externas no remuneradas".
En el caso de las prácticas realizadas en consejerías y entidades adscritas, las obligaciones de la Seguridad Social serán asumidas por el centro de formación universitario responsable de la oferta formativa, lo que permitirá a los estudiantes "estar protegidos y cubiertos socialmente durante la realización de sus prácticas".
El convenio contempla un acuerdo específico para compensar a las universidades públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, que incluirá imputación presupuestaria y un régimen de pago definido en un convenio interadministrativo.
Ahora, con el inicio del año, esto se ha replicado para la Formación Profesional, aunque el acuerdo llega desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y no desde Universidades. Para evitar que alumnos, centros sostenidos con fondos públicos y empresas aumenten su carga burocrática, la Junta se ha comprometido a asumir la gestión del alta en la Seguridad Social.
Desarrollo Educativo defiende que "esta iniciativa evita riesgos en la titulación de los estudiantes, ya que son prácticas curriculares obligatorias, tras la imposición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes". Y es que la consejera Patricia del Pozo ha aprovechado el anuncio para avivar la disputa con el Gobierno de España.
La consejera califica de "despropósito para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las Comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que debe elaborar el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto. Lo imponen cuando además estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual y reclamando la necesaria colaboración de los empresarios". La principal reivindicación de la Junta de Andalucía sigue siendo que sea el Gobierno de España quien asuma los costes de estas cotizaciones.
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