"Envenenar" el Guadalquivir durante 18 años. Es de lo que acusan los ecologistas a la Junta, desde que ve viable la reapertura de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Volver a poner en funcionamiento este enclave que protagonizó una catástrofe ambiental que todavía resuena 25 años después tendría, desde su punto de vista, consecuencias nefastas.
Un vertido de 85,5 hectómetros cúbicos en el río a su paso por la capital hispalense y hasta llegar hasta su desembocadura. Lejos queda la rotura de la balsa de Boliden, multinacional que explotaba la mina en aquel 1998, año en el que, a consecuencia de un herido de 6,5 Hm3 de lodos tóxicos al Guadiamar, clausuró.
Ecologistas en Acción lanza una alerta tras haber estudiado con detalle cómo afectará dar viabilidad al proyecto de la Minera Los Frailes que busca reabrir el yacimiento y, de momento, tiene el apoyo de la Junta de Andalucía para ello, aunque la administración haya reclamado 89 millones por la contaminación de 4.643 hectáreas a raíz de aquel vertido.
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU) valoraba positivamente devolver esta actividad al pueblo por suponer la futura creación de más de 2.000 puestos de empleo.
En noviembre de 2022, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, anunció que era “cuestión de pocos meses que seamos capaces de finalizar el proceso de permisos”. Y así lo ha hecho, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha elaborado un dictamen ambiental favorable, firmado el 27 de octubre, que ha hecho saltar las alarmas.
"Autorizar este vertido es una irresponsabilidad"
Cabe recordar que Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, se encuentra en un proceso judicial. Entre marzo y julio de 2025 se celebrará en la Audiencia Provincial de Sevilla un juicio oral contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Administración acusadas de delitos de prevaricación, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias.
“Nos parece una irresponsabilidad que hasta que no se celebre ese juicio, se sigan proponiendo autorizaciones de vertido a la empresa minera Los Frailes, que obtuvo su derecho minero de esta manera fraudulenta y que va a ser juzgada”, dice tajante Isidro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, a lavozdelsur.es.
Según detalla la asociación, la Junta propone autorizar, durante la fase preoperacional previa al reinicio de la actividad minera, el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la Corta de Los Frailes (CLF) y el vaciado parcial de la Corta de Aznalcóllar (CAZ). Esta última sigue albergando los lodos tóxicos que se depositaron allí en 1998.
“Todo eso se va a verter ahora al Guadalquivir y, a pesar de tener un proceso de tratamiento de depuración, va a tener un contenido brutal en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc”, comenta Albarreal.
“Hasta tal punto que nosotros consideramos que ese vertido puede plantear un problema de seguridad alimentaria en todos los cultivos de aguas abajo del Guadalquivir, en la zona de los arrozales (36.000 hectáreas) y en las zonas de pesquería de la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda”, añade.
El vaciado inicial se realizaría durante 18 meses, mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA) situada en el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla, enfrente del Estadio Olímpico.
Además, la Junta propone autorizar un vertido tóxico continuo de 4 Hm3/ año durante 17 años en la fase operacional de la nueva mina. “Eso es una absoluta barbaridad. Es contaminar y envenenar de por vida el estuario del Guadalquivir”, denuncia.
Desde Ecologistas en Acción se señala que “vamos a estar pendientes y a poner todas las acciones judiciales que consideramos necesarias para evitar ese vertido”.
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