Aunque hace varias semanas Junta de Andalucía y Gobierno de España firmaban un acuerdo sobre Doñana para acabar definitivamente con la ley de Partido Popular y Vox que iba a regularizar cientos de hectáreas de regadíos en el Parque Nacional, las organizaciones ecologistas mantienen sus dudas sobre que dicha norma no se vaya a terminar aprobando.
La ley sigue en el Parlamento de Andalucía paralizada. Un hecho que contrasta con el compromiso que realizó Juanma Moreno como presidente de la Junta cuando comenzaron las negociaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica. A finales de noviembre, Moreno se comprometió a dejar caer la ley. Su tramitación, sin embargo, se mantiene un mes después y el Partido Popular podría aprobarla en cualquier momento si así lo decidiese. En cualquier caso, no es la intención actual.
WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, tras reunirse en el Consejo de Participación de Doñana, definen esto como "una espada de Damocles que pende sobre Doñana ya que podría ser reactivada en cualquier momento" y piden "no solo su decaimiento sino la retirada definitiva de la norma". Para ello hacen referencia al artículo 127 del Parlamento donde se establece que el procedimiento para retirar la proposición de ley "determina que es el proponente el responsable de pedir al Pleno de la Cámara que acepte dicha retirada, algo que no se ha producido por lo que el expediente sigue vigente y que supone un riesgo inasumible para Doñana", han subrayado.
Por lo tanto, WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción lamentan que el Parlamento de Andalucía "se marche de vacaciones hasta febrero sin que haya retirado esta Proposición de Ley" y sin que, "hasta la fecha, se sepa cuándo el Partido Popular solicitará al Pleno del Parlamento la retirada definitiva".
Además, las organizaciones firmantes han vuelto a expresar su "máxima preocupación" por "la pretensión de la Junta de Andalucía de modificar" el Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana "argumentando que está mal hecho" para "incluir a los regantes ilegales", lo que, a su juicio, "supondría un ataque directo a la credibilidad del llamado Pacto por Doñana".
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