Aunque parecía que el debate sobre el Parque Nacional de Doñana ya se había cerrado por completo, este lunes se ha vuelto a abrir. La decisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de sacar al ecosistema andaluz de su lista verde ha dejado muy tocada a la Junta de Andalucía y su gestión sobre el lugar.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las firmantes del pacto para conservar Doñana, ha confirmado que el Gobierno de España recibió el 1 de diciembre la carta en la que se excluía al humedal. Es decir, apenas tres días después de que la Junta acordase con la administración estatal una serie de medidas para intentar salvar la flora y la fauna del Parque.
Ribera ha hecho un llamamiento para ponerse a trabajar y revertir la situación. Además, ha señalado que la UICN ha acogido con "satisfacción" el acuerdo entre Junta y Gobierno. No obstante, también ha pedido al Ejecutivo de Juanma Moreno que lo lleve a cabo con todas las herramientas que están al alcance de Andalucía.
Desde Bruselas, la ministra para la Transición Ecológica ha dado un dato sobre una de las actividades que más daño está haciendo a Doñana: la extracción de agua de forma ilegal, sin autorización previa. En los últimos años, el Gobierno de España ha cerrado más de 400 pozos ilegales estableciendo a los autores de las infracciones sus multas correspondientes porque "no se debe amnistiar ningún cultivo ilegal".
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