Huir de las bombas, dejar atrás tu trabajo, tu casa y parte de tu familia. Creer que ha acabado la pesadilla cuando has salido de Siria está alejado de la realidad, porque ser mujer y refugiada en Líbano supone un doble peligro. Al riesgo de supervivencia se le añaden posibles abusos y violaciones graves de derechos humanos, como violencia de género y explotación. Las carencias de la ayuda internacional y las políticas discriminatorias impuestas por las autoridades libanesas están creando unas condiciones que facilitan la explotación de las mujeres refugiadas en Líbano y los abusos contra ellas.
“Mi hija trabajaba en un comercio. El gerente la acosó y la tocó. Por eso ahora no dejo a mis hijas que trabajen”, así lo cuenta Asmaa que suma al horror de la guerra de la que huye, graves violaciones de derechos humanos en Líbano. Hanan, refugiada palestina de Siria asegura que hay explotación por parte de los empleadores. “Saben que aceptaremos cualquier salario bajo que ofrezcan porque lo necesitamos”, afirma.
Amnistía Internacional ha oído numerosos relatos de refugiadas sobre el acoso sexual que sufren en espacios públicos. Refugiadas que viven en diferentes partes de Líbano contaron casos en los que hombres libaneses les hicieron insinuaciones sexuales inadecuadas cuando desarrollaban sus actividades cotidianas. En algunas ocasiones, los hombres ofrecían a las refugiadas ayuda económica o de otro tipo a cambio de sexo. En otras las amenazaban, incluso con armas. Las mujeres denunciaron acoso sexual por parte de policías, empleados de oficinas de la administración a cambio de renovar permisos de residencia, empleadores, vecinos, conductores de autobús y de taxi, y de desconocidos en la calle.
Desde que comenzó la crisis en 2011, han salido de Siria más de cuatro millones de personas, de las que más de un millón huyeron a Líbano. Una quinta parte de las familias refugiadas sirias está encabezadas por una mujer y entre la población refugiada palestina de Siria, las mujeres encabezan casi un tercio de los hogares. Algunas refugiadas en Líbano que ejercen de cabezas de familia son viudas, otras están divorciadas y en numerosas ocasiones, su esposo se ha quedado en Siria, ha pedido asilo en otro país, está en paradero desconocido, ha sido víctima de desaparición forzada o está detenido.
Las mujeres refugiadas tienen dificultades para afrontar el alto coste de la vida en Líbano y, en concreto, para encontrar dinero suficiente para comprar comida y pagar el alquiler de su alojamiento. Los fondos con los que cuenta la respuesta humanitaria encabezada por la ONU son muy escasos, lo que ha obligado a la agencia a reducir el número de personas refugiadas que reciben su ayuda y el importe de la asistencia que les proporciona. Privar a los niños de ropa o comida, son algunas de las situaciones a las que han tenido que llegar, para dar preferencia al pago del alquiler. El gobierno no permite que se construyan más campos de refugiados, por lo que el alquiler o el asentamiento informal son las únicas soluciones.
En este contexto, la ausencia de permisos de residencia las expone al riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, como arrestos arbitrarios, detenciones y expulsiones, la imposibilidad de pedir una reparación a las autoridades si son víctimas de un delito debido al temor a la detención, limitaciones a la libertad de circulación, la imposibilidad de inscribir nacimientos y matrimonios, y dificultades paraacceder a servicios como los de educación y salud por temor a pasar por puestos de control. Tener permiso válido beneficiaría la situación de las refugiadas. “Nos sentiríamos como cualquier otro residente del país. No tendría miedo de los puestos de control”, contabaMouna
Líbano no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención sobre los Refugiados) de 1951 ni su Protocolo de 1967, los principales instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las personas refugiadas. Sin embargo, tiene la obligación de cumplir el derecho internacional consuetudinario y otros instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables por igual a las personas refugiadas y a las no refugiadas, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Un principio fundamental de la protección de las personas refugiadas es el reparto de la responsabilidad internacional para reducir el impacto de las entradas masivas de personas refugiadas en los países anfitriones. La comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que proporciona su ayuda de una forma compatible con los derechos humanos, lo que incluye dar prioridad a las personas más marginadas, garantizar unos niveles esenciales mínimos de derechos económicos, sociales y culturales, y garantizar la igualdad y la no discriminación.
La Unión Europea, los Estados del Golfo, Estados Unidos tienen mucho que hacer para poner fin a esta situación. Además de aumentar la ayuda humanitaria para quienes están en Siria y para la población refugiada en la región ofrecerse a compartir la responsabilidad de la crisis reasentando a más personas refugiadas, y trabajar con los países anfitriones para eliminar los obstáculos al registro legal de personas refugiadas, contribuyendo así a eliminar y paliar el riesgo que sufren las mujeres.
Irene González Dugo, activista del equipo de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional en Andalucía.
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