La actualidad legislativa de nuestro país es aterradora. Digo aterradora porque que el Tribunal Constitucional sentencie contra el impuesto de plusvalía y a las horas tengamos a una ministra diciendo que lo “arregla”, sin atender realmente al quid de la cuestión, me parece aterrador. ¡Como si no hubiese formas y formas de que los ayuntamientos graven la actividad económica de sus ciudadanos!
Sin embargo, no podemos encerrarnos en las pésimas comodidades. Igual que tenemos este asunto, no tendremos la prometida derogación de la prisión permanente revisable, ahora que el Tribunal Constitucional ha declarado su constitucionalidad. Nuestros representantes viven aferrados a las pésimas comodidades normativas pensando a cuatro años vista (ahora a poco más de dos), como si lo importante no fuera tener el mejor ordenamiento jurídico posible.
Pero poco o nada se les puede pedir. Las exigencias a nuestros representantes parecen cuanto menos, infantiles. Indignas de parlamentarios elegidos por personas mayores de 18 años. Lo que diga el Tribunal Constitucional es relevante, por supuesto, pero si alguien puede modificar las leyes son justamente aquellos que salen elegidos de las urnas. La prisión permanente revisable es constitucional, pero no por ello es obligatorio que la misma se mantenga en el ordenamiento, ni mucho menos.
Al final el debate se reduce a una cuestión muy sencilla: ¿nos movemos en busca de la perfección o de la comodidad? Supongo que da más votos la segunda.
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