Artículo de Ángel Fernández e Isabel Almagro Franco, profesores y miembros de área de Educación de Izquierda Unida en Cádiz
La terrible pandemia que estamos viviendo ha puesto en evidencia la importancia del bien común y los cuidados, sobre cualquier otra consideración. Y ha manifestado de forma clarividente la necesidad de unos servicios públicos universales que atiendan al conjunto de la ciudadanía más allá de sus circunstancias económicas y sociales, o el territorio en el que residan. Además de demostrar la importancia de la ciencia, de la sanidad o de la educación y el conocimiento, como los pilares básicos sobre los que construir nuestro Mundo y nuestra convivencia como seres humanos.
Nadie en este momento cuestiona la necesidad de reforzar el sistema sanitario público con el aumento de inversiones y la contratación de personal. Pero, ante la reanudación el próximo septiembre del curso para más de dos millones de escolares andaluces, ahora toca hablar de Educación.
La desigualdad (en todos los ámbitos) se ha puesto muy de manifiesto con la epidemia. En nuestra tierra la propia Consejería de Educación afirma que unos 76.000 niños y niñas andaluces se han desenganchado de los estudios durante el confinamiento, y otros estudios afirman que en el conjunto del Estado, aproximadamente la tercera parte no ha podido seguir sus tareas de una manera satisfactoria.
A esto hay que sumar la situación estructural de segregación escolar. La recién creada alianza contra la segregación escolar recoge que un 30% del alumnado en riesgo de exclusión debiera cambiar de centro. Y qué más del 90% de estos niños y niñas están matriculados en centros públicos. La atención a todo este alumnado con más necesidades y la imprescindible bajada de ratio deben ser las prioridades en el próximo curso. Y para ello son necesarios recursos económicos y más profesorado. Pero ¡cuidado! está inversión debe de dirigirse a la Escuela pública.
Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la educación es un derecho universal y por tanto este debe ser protegido por el Estado, que debe promover una educación que garantiza un aprendizaje de calidad accesible a todos y todas y que asegure la igualdad de oportunidades, independientemente de la clase social. Además en su artículo 2 establece el derecho a no ser discriminado por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pues bien, garantizar esto solo es posible a través de la Educación pública.
Veamos algunas razones. La escuela pública cumple además de otras funciones educativas, la de compensación de las diferencias socioeconómicas y promueve los valores democráticos, cohesiona y vertebra la sociedad, pues en ella conviven individuos de diferentes culturas, credos e ideas, etcétera. En definitiva, ayuda a configurar sociedades más justas e igualitarias.
Repasemos brevemente dos ejemplos de sistemas educativos cercanos Finlandia y Portugal. El sistema educativo finlandés es famoso por estar siempre entre los primeros de Pisa. No siempre fue así a finales de los setenta las clases menos pudientes se concentraban en la escuela pública y las más ricas en las privadas, incrementando los niveles de desigualdad social. Sin embargo decidieron darle la vuelta y apostar por la educación pública como cuestión de Estado. Hoy prácticamente toda la educación obligatoria es pública, hecho este que suele olvidarse, y la de Finlandia es una de las sociedades más desarrolladas igualitarias del mundo.
Viajemos ahora a nuestro vecino Portugal. Este país ha pasado de estar a la cola de Pisa en el año 2000, ha situarse por encima de la media, siendo el país que mejor evolución ha tenido en el continente en las últimas convocatorias. ¿Qué ha hecho? pues destinar el dinero público a financiar la escuela pública, que ahora representa el 82,6%, y dejar de subvencionar negocios educativos privados, confiar en la autonomía de los centros y la formación de sus docentes. El resultado ha sido el llamado milagro educativo portugués.
En España el camino no ha sido este sino el contrario año tras año ha crecido la financiación de los centros privados concertados, que en ciudades como Cádiz suponen ya el 70% de toda la oferta educativa, y el cierre de líneas y colegios en muchas de las poblaciones de la provincia. Ello con la excusa de la libre elección de las familias, que no es más que el fomento del negocio educativo, la selección del alumnado en favor de las élites y la reproducción de clases a través de las relaciones interpersonales y no tanto una búsqueda de la excelencia académica. Y todo esto en detrimento de una escuela pública que ve como con cada vez menos medios, ha de hacer frente a cada vez más dificultades producto de esta segregación. Es el darwinismo educativo que promueve el liberalismo. Segregación y homogeneidad frente a pluralismo y diversidad.
Sin embargo, el argumento de la libre elección es falaz. La Constitución Española, en efecto, recoge el derecho a elegir por parte de los padres la educación para sus hijos, pero esto no implica en ningún caso, que está elección deba financiarse con dinero público, como así han establecido reiteradamente las sentencias judiciales. Hagamos una analogía, la salud también es un derecho universal, y este se garantiza mediante una red pública de Atención Primaria y de especialidades ¿vulnera esto algún derecho de libre elección? No. Evidentemente uno puede elegir entre los distintos facultativos o irse a un centro privado si esa son sus preferencias, pero no puede pretender que esa libre elección sea sufragada por los demás, y así debería ser también en lo educativo.
En este punto llegamos a otra característica propia de la educación pública que es su pluralidad y la educación en los valores de respeto a la diversidad. En los centros privados confesionales hay una ideología expresa adoctrinadora en unos determinados valores y creencias excluyentes para aquellos que no los comparten, a pesar de estar sufragadas con dinero de todos. Sin embargo, en la escuela pública la pluralidad ideológica es la norma. Personas de diferentes culturas, creencias, etcétera, conviven y aprenden a convivir. En definitiva es el fiel reflejo de una sociedad diversa y multicultural, que reconoce y acepta las diferencias como algo enriquecedor. Sus docentes además acceden mediante un concurso oposición en base a criterios de igualdad, mérito y capacidad, y no un perfil ideológico determinado, evitándose así cualquier tipo de uniformidad ideológica o adoctrinamiento en cualquier sentido. De nuevo diversidad frente homogeneidad.
Por todo esto hacemos un llamamiento apostar por la escuela pública y sus valores. Llamamos a las instituciones, al conjunto de los estamentos educativos, a trabajar en la planificación de un curso que se vislumbra difícil, en el que el aumento de recursos humanos y económicos y una distribución equitativa de medios y espacios deben ser elementos centrales, y a exigir a las administraciones una financiación que permita los medios y recursos para asegurar su calidad en la seguridad. Apoyemos y exijamos por tanto una educación pública de todos y todas para todos y todas.
Solo desde estas premisas conseguiremos la escuela que queremos: inclusiva, comprensiva, transformadora, de calidad, democrática, participativa, local y global, plural, laica, sostenible, gratuita y segura. Esta escuela es posible en la Escuela Pública.
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